La descarga de escombros en playas de La Guaira encendió las alarmas de ambientalistas, que piden monitoreos ambientales y sanitarios para medir cuánto tardarán en recuperarse los ecosistemas afectados.
Daño en la costa
Alejandro Álvarez, director de Clima21, advirtió que el depósito de desechos puede afectar el fondo marino, destruir hábitats y comprometer la pesca en la zona.
Escombros en playas y temor por el mar
La difusión de videos y reportes en redes sociales sobre camiones que llevaban escombros hacia las playas de La Guaira despertó preocupación entre defensores del ambiente. Para ellos, el material pone en riesgo el ecosistema marino, deteriora los suelos y amenaza la actividad pesquera.
Ante la polémica, Jorge Rodríguez desmintió el vertido en el mar de las millones de toneladas de desechos procesados. Además, el Ministerio para el Ecosocialismo prometió una política de tolerancia cero y multas para quienes descarguen residuos de forma ilegal.
Juan José Ramírez, ministro de Obras Públicas, explicó este 15 de julio que los más de 2,1 millones de toneladas de escombros generados por el doblete sísmico del 24 de junio no serán arrojados al mar.
Según dijo, los desechos pasarán por procesos de clasificación y trituración mecánica antes de ser trasladados al relleno sanitario de Santa Eduvigis, un complejo de 48 hectáreas ubicado en Catia La Mar y con terrazas acondicionadas para su acopio.
Riesgos para la pesca y la seguridad alimentaria
Álvarez Iragorry, biólogo y director de Clima21, explicó que el depósito masivo de desechos puede sepultar el fondo del mar, destruir hábitats esenciales y causar la muerte de organismos fijos como corales y esponjas.
También alertó que la nube de sedimentos afecta la respiración y la alimentación de organismos filtradores, así como la fotosíntesis de las algas. A eso se suma el riesgo químico: el concreto libera compuestos alcalinos que elevan el pH del agua, y si hay plomo o asbesto, la toxicidad aumenta.
El especialista sostuvo que el impacto ambiental golpea de forma directa la seguridad alimentaria de la región, porque las micropartículas pueden lesionar la fauna marina, debilitar su crecimiento y acumularse en la cadena alimentaria hasta llegar al plato de los consumidores.
Por eso recomendó hacer monitoreos ambientales y sanitarios. También señaló que precisar el tiempo de recuperación de los ecosistemas es complejo por la falta de datos públicos y porque la costa ya arrastra aguas servidas, derrames de hidrocarburos y los pasivos tóxicos del deslave de Vargas en 1999 en el Puerto de La Guaira.
La guía técnica que proponen OCHA y Pnuma
Ante una emergencia de esta magnitud, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) proponen una guía para el manejo seguro de los desechos.
La primera recomendación es habilitar Sitios de Almacenamiento Temporal (SAT) en terrenos planos, lejos de las zonas residenciales y de las fuentes de agua dulce.
El protocolo también exige clasificar materiales peligrosos como asbesto, tuberías de plomo, químicos y aceites, para aislarlos y evitar la contaminación de suelos y pozos de agua subterránea.
Los lineamientos señalan además que los residuos que no se puedan reciclar por su nivel de toxicidad deben ir a celdas especiales dentro de vertederos autorizados, donde se cubren con capas impermeables para impedir que los contaminantes se filtren a la tierra.
Expertos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) advierten que improvisar el manejo de escombros tras una emergencia puede desencadenar una crisis sanitaria mayor. Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad de esa casa de estudios, afirmó que las alcaldías y los organismos deben evitar vertederos improvisados en las calles.
Benítez recordó que la Ley de Gestión Integral de la Basura prohíbe abandonar restos de estructuras en terrenos baldíos, linderos de ríos, quebradas o vías públicas sin autorización. También insistió en que los municipios deben activar planes de emergencia con SAT y centros de disposición final para proteger a las comunidades.
Ambos especialistas coincidieron en promover proyectos de reciclaje para mitigar el impacto ecológico en las comunidades afectadas, sin sacrificar la salud ambiental de una costa que sostiene la economía de cientos de familias guaireñas.
