El Parlamento venezolano fijó posición así sobre la polémica nacional sobre los llamados trocheros.
La Asamblea Nacional acordó elevar la denuncia de lo que definió «como una desatada política de segregación y estigmatización de los venezolanos retornados que han sido calificados como bioterroristas” por el Gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) y demás entes que componen la justicia internacional.
De igual forma, piden a los países de la región receptores de migrantes y refugiados venezolanos, a evitar la puesta en práctica de políticas dirigidas al aumento de restricciones migratorias, tales como: “despidos generalizados, así como acciones de desalojo; y prácticas xenofóbicas, -actitudes que se han magnificado en estos tiempos marcados por la pandemia de covid-19-, lo cual profundiza la situación de vulnerabilidad de los conciudadanos”.
El Parlamento venezolano fijó posición así sobre la polémica nacional sobre los llamados trocheros que el Gobierno ha definido como «agentes bioterroristas» por elegir el paso por las trochas para regresar al país en medio de la dura crisis por el covid-19.
El diputado Marco Quiñones, presidente de la Subcomisión Especial de Atención a Exiliados de la AN, presentó el proyecto de acuerdo en rechazo a la criminalización de los venezolanos que retornan al país por parte del Gobierno ante la Cámara Legislativa, y señaló que debido a la pandemia del Covid-19, miles de migrantes venezolanos intentan regresar a Venezuela, a través de los vuelos humanitarios y denunció que la dictadura se los impide
