Yesibeth Rincón [email protected]
La distensión en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia estaría cerca, pues el próximo lunes hay una reunión entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, que podría llegar a feliz término, aunque está claro que el Gobierno venezolano no abrirá la frontera, como piden los colombianos.
Cuando se cumple un mes del cierre fronterizo, que inició en San Antonio del Táchira y Ureña, hoy suman 22 los municipios del país que entraron en Estado de Excepción, luego de que el pasado 19 de agosto se produjera un enfrentamiento entre una comisión militar venezolana y presuntos paramilitares, en frontera con Táchira. El decreto presidencial se extendió a diez municipios del Zulia y tres de Apure.
Cambiar una conflictiva frontera, donde abunda el contrabando, el paramilitarismo, narcotráfico, sicariato, y otros flagelos, por una de paz, es el objetivo del Gobierno nacional. El presidente Nicolás Maduro ha reiterado su decisión de mantener el “torniquete”, como ha definido el cierre de la frontera. Colombia, por su lado, pide una solución pacífica, por la vía del diálogo. “No es ampliando los cierres como se acerca la posibilidad de una solución”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
A 30 días de la medida de cierre fronterizo los resultados son contundentes —aseguró el historiador Juan Romero, profesor de geopolítica de LUZ—: 2.500 millones de dólares se ha ahorrado el Estado en contrabando de combustible, se ha intervenido a unas 180 bandas paramilitares, según datos del Ministerio del Interior; se han retenido más de 35 toneladas de alimentos e insumos.
El conflicto se profundizó luego de que desde el 20 de agosto los efectivos militares de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) entraran a las viviendas ubicadas en la zona fronteriza y desalojaran a los colombianos indocumentados, así mismo las casas levantadas de manera ilegal fueron derribadas, lo que sobrevino una denuncia de violación de derechos humanos por parte de Colombia, que alegó que se había creado una “crisis humanitaria”.
Según Naciones Unidas, desde agosto hasta la actualidad 1.532 colombianos han sido deportados. Adicionalmente, según reporte, 16.141 han regresado voluntariamente al país, algunos han dicho que por temor a represalias.
Romero explicó que esta acción voluntaria de los colombianos se debe a que si se aplica la deportación, el ciudadano no puede intentar regresar al país del cual fue expulsado durante dos años. “Los que se han movilizado por voluntad propia son ilegales que temen ser deportados y no poder regresar en otros términos durante dos años”.
Desde que inició la medida en Táchira, hace un mes, como en Zulia, hace poco más de una semana, las colas en las estaciones de servicio de combustible han bajado, no así en los supermercados. Y de acuerdo con reportes de la Redi Zulia, la reducción de la demanda de combustible está en más de 2 millones de litros diarios. Por su parte, el alcalde de Mara, Luis Caldera, dijo que mermó el número de “pimpineros”.
Para el profesor de LUZ se debe cerrar toda la frontera y ampliar el Estado de Excepción a Maracaibo, Miranda y Sucre de Zulia. “Creo que debe completarse el cierre de los 2.219 kilómetros de frontera, porque hasta ahora solo son unos 840 kilómetros los que han sido cerrados, lo que deja por fuera la frontera del Arauca y del Meta y desde Puerto Ayacucho a Piedra del Cocuy, que es límite con Colombia y Brasil. Creo que hay que terminar de cerrar, porque los contrabandistas buscan otras vías. Además extenderse a Maracaibo, que es centro de acopio del contrabando; Miranda, porque da al frente con Falcón y el tráfico de combustible marítimo es alto; y Sucre”.
Mientras que el investigador de LUZ, Jhoel Salas, sostuvo que la medida ha sido positiva en cuanto a la presencia del Estado en estos municipios que han permanecido a merced de la ilegalidad, pero debieron atacar los delitos con la frontera abierta. “Es muy negativo que se haya aplicado estas medidas con el cierre del paso fronterizo, lo que afecta el proceso de integración histórico, el intercambio comercial legal de insumos, a la etnia wayúu que vive aledaña al límite internacional que vive de ese comercio ancestral. Opino que deben continuar con la lucha contra el contrabando de las grandes mafias, pero abriendo la frontera”, sostuvo Salas.
Opinión que es compartida por Luis Salamanca, exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la UCV. “El Estado de Excepción lo que muestra es el fracaso del Gobierno en cumplir sus obligaciones con la legalidad establecida, es decir, para cumplir con funciones que son normales de un Estado, Maduro tiene que decretar Estado de Excepción. No tienes que restringir garantías para lograr un efecto de control del contrabando”. La reunión de Quito definirá lo que pasará en adelante, pero mientras Venezuela continúa las acciones de control y militarización de las zonas decretadas como Estados de Excepción.
