Solo el 0,5% de los rubros tiene establecido el precio máximo de venta

De los 500.000 artículos y productos que existen en la economía nacional —según cifras de las autoridades del BCV—, apenas un 0,5% (cerca de 2.500) de los artículos tienen actualmente fijado el Precio Máximo de Venta al Público (Pmvp). Luego de los anuncios efectuados por el presidente Nicolás Maduro, el martes, el Gobierno tendrá un plazo de “30 días” para regular el valor del resto de los rubros que, de boca de los economistas y especialistas, resultará una tarea “ardua”.

Hasta agosto del año pasado, unos 2.471 productos (entre alimentos, medicinas, rubros de higiene personal, ropa y calzado, y hasta carros) y un servicio (estacionamientos) tienen actualmente fijado el precio máximo de venta al público en el país, según datos de la Sundee. Y en lo que va de 2015, el organismo autorizó la adecuación de precios de otro grupo de artículos como café, semillas, azúcar, harina precocida, carne, pollo, entre otros.

En su alocución, el Presidente anunció el “Precio Máximo de Venta al Público para todos los productos y servicios en el país. Dentro de este precio máximo una categoría especial, productos y servicios protegidos por el Gobierno como alimentos, salud, con porcentajes de ganancias básicos, fijados por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde). Y en la segunda categoría, solo la Sundde podrá establecer el precio justo de los productos”. 

“Les he dado un plazo de 30 días para que peinen la economía nacional y establezcan nuevos mecanismos de protección“, afirmó. Ayer, el vicepresidente Jorge Arreaza, activó el Comando Nacional de Precios Justos, ordenado por Maduro,  y explicó las reformas que el Ejecutivo prepara a la Ley Orgánica de Precios Justos como medida para «frenar la especulación.  Durante el acto, manifestó que entre las reformas está la de establecer que la ganancia de los importadores deberá ser menor que la de los productores nacionales, por lo que quedará fijada en 20%. Explicó que los productos saldrán de la fábrica con el Precio Máximo de Venta (PMV) que contemplará las ganancias de los demás eslabones de la cadena productiva como método para «evitar” que se impongan «ganancias abusivas».  En sector empresarial hubo también reacciones ayer. A través de un comunicado, Fedecámaras expresó que “querer centralizar y controlar la actividad privada mediante nuevos organismos reguladores, con fiscalizaciones (…) solo generan incertidumbre y alejan las inversiones”.

El economista Roger Chacín aseguró, ayer, que la “aplicación de un precio máximo de venta al público a todos los productos tiene como objetivo poner un control a la alta especulación  y que incide en la inflación. Sin duda, que fijar un rango de valor a más de 500.000 artículos es una labor titánica. La oferta global de bienes y su demanda son los factores que marcan el valor real de un producto, es lo más sano”.

Puntualizó que se “continúa sin tomar medidas de fondo y se profundiza en un modelo que ha sido el principal causante de la destrucción del aparato productivo de nuestro país. Es necesario recuperar la confianza, apoyar la producción (…) la restitución del diálogo social y la conformación del diálogo tripartito”.

“En Venezuela, el remarcaje de precios y la especulación están desatados. Mientras no se ponga un freno a esto y el referente al dólar negro, ninguna Ley de Precios bastará para estabilizar la economía”, opinó Chacín.

A través de las redes sociales, los ciudadanos se mostraron a favor y en contra de las nuevas medidas. “Me parece excelente que se fijen precios a los productos porque en este país todo sube en cuestión de horas. Nadie tampoco respeta el margen de ganancia del 30% (…) eso solo es letra muerta en la Ley”, opinó Moisés Moncada.

Otro punto de vista ofreció Enmanuel Romero, economista graduado de LUZ. “El Pmvp no es más que el viejo PVP de la década de los 80, una medida que ya se aplicó en el pasado y nunca funcionó. Si el Gobierno quiere derrotar la especulación debe velar porque la ley y sus sanciones se apliquen con rigurosidad”.

El diputado oficialista, Oswaldo Vera, indicó ayer, a la cadena Unión Radio, que con la fijación de los precios de los productos y la modificación de la ley se “pretende eliminar o reducir los eslabones de la cadena de distribución” para evitar que los costos se disparen “manteniendo un margen de ganancia los sectores empresariales”. A su vez, el primer vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, sostuvo que las nuevas medidas para los precios de venta al público y precios justos no “contrarrestan la caída de la producción” nacional.