El Ministerio Público logró privativa de libertad para Hernán Guevara y Miguel Ángel Castillo Lara, quienes se desempeñaban como representantes de dos subcontratistas del terminal de almacenamiento y descarga de crudo del Complejo José Antonio Anzoátegui, por presuntamente incurrir en irregularidades en la adquisición de monoboyas, destinadas para la carga de buques petroleros.
En la audiencia de presentación, el fiscal 55º nacional, Pedro Lupera, imputó a Guevara y Castillo Lara por la presunta comisión de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación, sancionados en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Una vez evaluados los elementos de convicción presentados el fiscal, el Tribunal 4º de Control de Anzoátegui dictó la medida privativa de libertad contra los hombres, quienes fueron recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Barcelona, municipio Bolívar de la referida jurisdicción.
El fiscal también solicitó las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles e inmovilización de cuentas bancarias, lo cual fue acordado por la mencionada instancia judicial.
