En la incógnita permanecen las cifras oficiales de la economía del país, mientras sus efectos negativos golpean los bolsillos venezolanos. El BCV, Min- Finanzas, INE y Pdvsa no rinden cuentas de sus indicadores incluso desde hace cinco años.
La economía venezolana en medio de tumbos y tambos, de turbulencias y caídas, desde hace cuatro años, aproximadamente, avanza sin que nadie conozca su diagnóstico real, sin los indicadores oficiales que permitan hacer un análisis de su estado. Todos los números y datos de su situación siguen en el misterio, encerradas en una suerte de “caja negra” sin divulgación.
Algunas cifras tan fundamentales como las del Producto Interno Bruto (PIB), inflación, balanza de pagos (importaciones y exportaciones), son totalmente una incógnita para la opinión pública, una vez que el Banco Central de Venezuela tomara la decisión de no publicarlas, al igual que el Ministerio de Finanzas, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Pdvsa lo hicieron con las suyas.
Ni siquiera la declaración de censura impuesta en mayo pasado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) contra Venezuela por no proporcionar los datos sobre su actividad económica, funcionó para que las cifras vieran luz.
El rezago de la información se remonta a 2014 cuando ya el BCV comenzaba a dar señales de retraso con la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) correspondientes a junio, julio y agosto, los cuales finalmente fueron difundidos en septiembre de ese año.
Desde ese momento, solo se conoce la cifra de inflación hasta 2015 (180,9%), luego trascendió que en 2016 fue de 274%, de acuerdo con los datos aportados al FMI. Los números del 2017 y parte de 2018 siguen reservados por la institución, aunque la FMI pronosticó que se cerraría con una cifra de 1.000.000% este año.
Esto ha dejado el espacio abierto para que organismos como la Asamblea Nacional tomen la atribución de publicar información económica. De esta forma alertó que desde noviembre de 2017 se atraviesa por una hiperinflación.
El PIB se dejó de publicar también en 2015, cuando la principal institución financiera del país lo ubicó en -5,7%. Desde esa fecha hasta la actualidad, estadísticas de la AN y otras empresas privadas señalan que la economía venezolana ha acumulado cuatro años de recesión y ha perdido más del 30% de los bienes y servicios de la economía.
Al respecto, el BCV sigue mudo, sin dar datos que permitan comparar, corroborar o rebatir la información extraoficial.
Esta opacidad tiene una implicación legal denunciada por la ONG Transparencia Venezuela ante el Tribunal Supremo de Justicia, al violar el artículo 319 de la Constitución, el cual reseña que el ente financiero debe rendir informes periódicos sobre las variables macroeconómicas del país. La denuncia no procedió.
La discrecionalidad del BCV, no obstante, se ampara en una reforma, vía Habilitante, en 2016, de 19 artículos de la Ley de la institución, en especial, del artículo 40 que permite al Ejecutivo solicitar la suspensión de información “por el período durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional”.
Economistas como Rodrigo Cabezas, también exministro de Finanzas, critican el papel que ha venido desempeñado el organismo con respecto al manejo de la data. “No entregar cuentas de la estadística económica de Venezuela, particularmente la que lleva el BCV, es cuestionable por diversas razones, en primer lugar, por una razón estrictamente legal, dado que el BCV está obligado a rendir cuentas a la nación”, expone.
“En segundo lugar, —prosigue— el Banco Central, como la principal institución económica de la nación, lleva la estadística más importante de la economía (…) Esa información no puede estar oculta, dado que se requiere para la planificación de la nación. Una tercera razón es que no dar la información coloca en riesgo a la economía venezolana de ser sancionada (…)”.
El analista financiero oficialista, Tony Boza, también rechaza el ocultamiento y respalda que es una obligación legal. “Tiene que publicar la cifra, sea cuál sea, sea buena, sea mala, sea regular eso es algo por Ley (…) Todo el mundo tiene derecho a saber lo que está pasando; lo que ocurre es que hay una distorsión de tal naturaleza que eso influirá en que no la hayan publicado”, advierte.
Asegura que la “distorsión cambiaria” impacta de forma “ficticia” en el sistema de precios y en las variables económicas sin obedecer a “ninguna norma económica”.
No solo las cifras correspondientes al BCV son un misterio, en esta misma situación están las variables de escasez y canasta alimentaria, determinadas por el INE y publicadas por última vez en 2014. En cuanto a desempleo su última divulgación fue en abril de 2016.
Desde el 2013, el Ministerio de Finanzas no presenta la información sobre la gestión financiera del sector público. La estatal petrolera Pdvsa también lleva un año sin dar resultados financieros ni informe de gestión anual; no obstante, su rendición de cuentas se torna urgente ante la caída de la producción descrita en los últimos informes de la Opep.
El presupuesto de la Nación de 2017 y 2018 son otras dos incógnitas que se suman, pues no se conoce cuánto desembolsó el Gobierno en 2017, cuánto previó que sería su gasto en 2018, a dónde destinaría los recursos. Ninguno de las dos leyes pasó por el escrutinio del Parlamento nacional, ya que fueron aprobadas por el TSJ y por la Asamblea Nacional Constituyente, respectivamente; bajo el argumento de que la AN se encontraba en “desacato”.
Aunque se desconoce la cifra, la autorización vía Decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica de 70 créditos adicionales en los primeros cinco meses de este año por Bs. 285.591.575.566.945, refleja que la cifra fue deficitaria.
La economía venezolana, por lo tanto, está timoneada por la opacidad y la incertidumbre, dos elementos que ahuyentan a inversionistas o acreedores por igual. Mientras que los venezolanos experimentan los efectos negativos de una economía que marcha a tientas, por los datos extraoficiales.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Santelíz, vía telefónica, puntualiza que esto solo agrava la percepción negativa del país. “Es mejor tener información que no tenerla porque la carencia de información estadística hace que la gente se imagine niveles peores”, describe.
“En la hiperinflación de lo que dominan las expectativas y en este caso la gente está preparándose para lo peor”, acotó.
Cabezas, exministro de Finanzas, también avizora un escenario más complicado relacionado con la suspensión de voto o expulsión de Venezuela del FMI por negarse a suministrar las cifras. Indica que si esto ocurre será el “aislamiento total y definitivo de la economía venezolana del mercado financiero y del comercio mundial”.
“Una salida del FMI hace de la deuda de Venezuela, tanto la de Pdvsa como la de los títulos de la República, de exigibilidad inmediata y no tenemos cómo responder ya que son aproximadamente 90 mil millones de dólares, nos llenaríamos de embargos y litigios”, explica.
Entonces, ¿Qué guarda la “caja negra” de la economía venezolana? Mientras las cifras oficiales permanezcan reservadas, la economía de Venezuela continuará siendo el terreno de las estimaciones hasta tanto no se conozca qué ocurre en realidad.
