El abogado constitucionalista, Jesús María Casal, señaló que las decisión del afectan la democracia en el país debido a que “no puede haber democracia sin parlamento”.
“Son lamentables esas decisiones del Tribunal Supremos de Justicia porque, de facto, equivalen a liquidar el parlamento nacional y no puede haber democracia sin Parlamento, porque es ese espacio de representación plural de la sociedad en su diversidad de liberación pública para la construcción de la ley y para el control sobre el gobierno”, dijo.
Señaló que el “conjunto de sentencias por un lado dejan bloqueada totalmente la Asamblea del ejercicio de su facultad de control de recursos públicos, la mala gestión de la administración, cualquier cosa turbia que pueda suceder en la administración del gobierno (…) El Ejecutivo ya puede legislar por sí mismo a través de decretos y pretende usurpar atribuciones de la Asamblea a través de decretos”.
Acotó: “Desde una sentencia el 1 de marzo se redujo al mínimo la facultad de la Asamblea Nacional para hacer interpelaciones, pedir información a los ministros, para hacer comparecencia; después de esa sentencia, ningún funcionario del Ejecutivo atiende citaciones de la Asamblea Nacional”.
“La tarea de legislación está siendo bloqueada por sentencias que pretenden poner condiciones como la de la concertación con el Ejecutivo, algo insólito en el derecho constitucional. En Venezuela el Parlamento debe buscar al Ejecutivo y concertar con él el contenido que pueda tener una ley de implicación económica. La constitución dice que la Asamblea debe consultar a todos los sectores y eso lo ha hecho”, enfatizó.
Sostuvo que la Asamblea Nacional tiene mucho poder real pero, por el conflicto con el TSJ, para legislar tiene grandes dificultades debido a que sus actos no son eficientes, pero “la Asamblea no puede negarse a sí misma, puede hacer muchas cosas para el entendimiento con los otros poderes, y creo que es sano que se haga, pero no le exijan que se niegue a sí misma para poder cumplir sus funciones porque no puede aplicarse su esencia constitucional”.
Revocatorio
“Basta con que el 20% sea nacional, puesto que, si alguien albergara alguna duda sobre ese punto debería resolverse con la participaciónpolítica del ejercicio más amplio de los derechos”, argumentó.
Refirió: “Se ha incurrido en una omisión grave y, de acuerdo con el artículo 6, todo mandato es revocable y ese es un servicio fundamental de nuestro sistema constitucional. Es preocupante cuando se ha trivializado la materia y se le quiere darprimacía a algunas normas reglamentarias. Las condiciones fundamentales son de reserva constitucional, la ley podría complementar en algunos aspectos como lapsos para recolección de manifestaciones de voluntad y otros aspectos más de carácter reglamentario”.
