El Estado de Excepción en los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas no pondría en peligro la elección parlamentaria del 6 de diciembre en esas regiones, pues los derechos políticos no están suspendidos, solo restringidos.
En todo caso, en los decretos presidenciales se especifica que las manifestaciones públicas, eso incluiría cierres de campaña y actividades políticas masivas, pueden realizarse pero con la previa autorización.
“No se permitirán reuniones públicas que no hubieran sido previamente autorizadas, el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas sólo podrá ejercerse previa autorización del funcionario en quien se delega la ejecución del decreto, dicha solicitud deberá presentarse con una anticipación de 15 días a la fecha fijada para su convocatoria”, se lee en los decretos.
Sin embargo, sectores de oposición opinan que la medida perjudicaría de alguna manera el proceso electoral en esas cuatro regiones fronterizas con Colombia.
Pero el abogado constitucionalista, Hermán Escarrá, reiteró que “en ningún momento pudiera pensarse en la suspensión de las elecciones, la única forma es que ocurriera un hecho que se escape de lo que la propia Constitución prevé, como sería por ejemplo, una ocupación militar de una fuerza extranjera o que se hubiera producido un terremoto, u otro hecho de gran magnitud; pero lo que ahora se está resolviendo es un tema de inmigración, de las formas de coexistencia entre Venezuela y Colombia en la frontera”.
Referente al conflicto fronterizo opinó que la fase más aguda ya debe concluir e ir a una solución entre las partes fuera del estado de excepción, “que tuvo su justificación en una primera fase por el elemento de la droga, el paramilitarismo, las guerrillas, pero eso tiene unos límites, no se pueden suspender derechos, solo restringir algunas garantías, no todas”, subrayó.
El artículo 339 de la Constitución es claro cuando se refiere a que la declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público, por lo que también incluye al Electoral.
Para Vicente Bello, técnico electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, no hay razones para una suspensión de comicios, porque el problema con Colombia no es jurídico, sino político. “Ninguna de las normas del decreto prohíbe la realización de campaña electoral, no puede prohibirlo, porque esas situaciones de excepción no tienen competencia para suspender derechos políticos. Las prohibiciones son para reuniones en actividades vinculadas al comercio o que podrían ser tipificadas para contrabando o bachaqueo”.
Bello señaló que si se van a realizar caminatas o recorridos no es necesario solicitar autorización, si se trata de una concentración masiva se requiere el permiso del alcalde de la jurisdicción.
Agregó que el problema son los funcionarios militares que muchas veces abusando del poder quieren impedir actividades políticas alegando que hay Estado de Excepción.
“La MUD le solicitó al CNE que reglamente esa situación, porque no existen limitaciones para la campaña pero sí puede haber limitaciones discrecionales de los oficiales”, agregó.
Por su parte, la ONG Súmate también elevó su voz ante el ente electoral exigiendo un pronunciamiento, y al mismo tiempo le solicita al Poder Ejecutivo la suspensión del Estado de Excepción para las fechas del simulacro (18 de octubre), la feria electoral (2 de noviembre), la campaña electoral (13 de noviembre) y el día de la votación, puesto que el decreto tiene una duración de 60 días, pero puede ser prorrogable por 60 más.
“Súmate se pregunta por qué se declara un Estado de Excepción en toda la frontera occidental que afecta el normal desenvolvimiento de un proceso electoral importante como es la elección de los representantes del Poder Legislativo Nacional”, reseñó un comunicado de prensa.
Entre los estados Apure, Táchira y Zulia, hay 23 municipios bajo implementación de la medida, los mismos forman nueve circunscripciones uninominales; allí se votará por nueve diputados nominales, 7 diputados por lista y dos indígenas para la AN.
Desde el Poder Electoral, el rector Luis Emilio Rondón fue enfático al asegurar que esta medida no perturbará el proceso. “La misión del CNE es clara: el 5 de enero debe juramentarse la nueva Asamblea Nacional y el cronograma avanza en ese sentido”, puntualizó.
