El camino más largo comienza, como todo viaje, con un primer paso. Pero en el caso de las elecciones de gobernadores de este domingo, el tránsito hasta la meta requirió no solo de impulso sino también de mucha paciencia dado lo accidentado de su ruta.
Previstos para el mes de diciembre de 2016, los comicios regionales -que incluían también a los consejos legislativos- oscilaron en el limbo de la incertidumbre hasta hace apenas dos meses, cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), súbitamente, decretó la realización de la elección de gobernadores para octubre de este año.
Las razones que prevalecieron para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no convocara el proceso comicial en el tiempo que establecen los artículos 160 y 162 de la Constitución, van desde “la falta de voluntad política”, esgrimida por la oposición, a una “guerra económica y bajos precios del petróleo” argumentada por el ente electoral.
Con una participación de 74,25% en los comicios de 2015, la MUD se alzó con la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional, en una campaña que vendió la idea de “todo o nada” y la “salida de Nicolás Maduro” como principales ofertas.
Los resultados de las elecciones parlamentarias del 2015 abrieron en la oposición un abanico de expectativas sobre eventuales triunfos electorales en 2016, cuando se preveía la elección de gobernadores y consejos legislativos, aunado a la solicitud de un referendo revocatorio contra el Presidente.
La alianza opositora, aún saboreando su victoria electoral, anunció en marzo de 2016 las tres vías por las que aspiraba a cumplir con sus ofertas electorales: la presión social para lograr la renuncia del Mandatario, una enmienda constitucional y un referendo revocatorio. Afirmaban los adversarios al Gobierno que ante el “control institucional” era necesario combinar esos tres mecanismos para alcanzar “la transición”, planteamiento que reveló las diferentes corrientes que integran el río de la MUD. Terminó por imponerse la tesis del referendo revocatorio.
El 2 de agosto de 2016, la MUD entregó a las autoridades electorales la participación escrita solicitando el inicio de la fase de recolección del 20% del padrón electoral. Sin embargo, para el 20 de octubre el CNE informó que por una decisión de tribunales se ordenaba la paralización “hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre”.
Así fue como la suspensión del proceso de convocatoria del referendo acrecentó una crisis política que incluyó marchas y concentraciones de la oposición denominadas la “Toma de Venezuela”, mientras que un sector de la oposición, mucho menor, insistía en solicitar fecha para las regionales. La iniciativa del Gobierno de apostar al diálogo con la mediación del Vaticano fue otro de los factores que contribuyó a que la “agenda regionales” no fuera la prioridad en el debate político.
Mientras tanto, en el oficialismo sonó la tesis de que ante la crisis económica el CNE podría decidir posponer los comicios regionales hasta 2017 y empaquetarla con las municipales, con el fin de ahorrar costos. En el lado opositor, la presión porque se llevaran a cabo las regionales solo tomó fuerza a finales de octubre de 2016, cuando ya faltaba poco para terminar el año.
“Creo que las elecciones regionales deben ser aplazadas y tenemos que concentrarnos en cambiar de Gobierno. Lo que más importa en este momento es resolver la crisis económica y social y la solución pasa por concentrarnos en el revocatorio”, manifestaba en marzo de 2016 el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla.
En la oposición algunos opinaban que el Gobierno podría utilizar las regionales como un “método de distracción” para no evitar la consulta refrendaria y así transcurrió todo el año.
Días antes de la suspensión de la recolección del 20% de las firmas para el revocatorio, el 16 de octubre, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó en una rueda de prensa que el Poder Electoral había aprobado el cronograma electoral para 2017.
“Para poder garantizar todos los extremos necesarios, las elecciones regionales quedaron establecidas para finales del primer semestre de 2017 y las municipales para finales del segundo semestre”, señaló la rectora.
Y aunque Lucena dio un lapso estimado para el proceso comicial, tres meses después, en enero del 2017, aún no se sabía nada del cronograma electoral. El tema que sí ganó terreno en los primeros meses del año fue el de la convocatoria a una ANC.
El Poder Electoral atribuyó al proceso de renovación de las nóminas de los partidos políticos el que no se cumpliera la elección de gobernadores en el primer semestre del año.
El 23 de mayo de este año, la rectora principal del CNE anunció que el CNE trabajaría en una propuesta de cronograma para elegir a los integrantes de la ANC a finales de julio, como en efecto se realizó el pasado 30 de julio.
Sobre las regionales, Lucena señaló que cumplida la validación de las organizaciones con fines políticos, el directorio acordó convocar a las regionales para gobernadores para el 10 de diciembre. El país vivió, durante cuatro meses (entre abril y julio) fuertes protestas que concluyeron con más de 100 muertos y daños materiales.
Y cuando los venezolanos pensaron que al menos ya estaba definida la fecha de los comicios regionales -que no incluían a los consejos legislativos- con la instalación de la ANC todo cambio de nuevo. El 12 de agosto pasado, la Constituyente emitió un decreto que adelantó las elecciones para este mes de octubre, pero precisar la fecha.
Como en una montaña rusa, los venezolanos se enteraron de la fecha de los comicios por casualidad´, al colarse la fecha del 15 de octubre en una aviso informativo del CNE.
Para los analistas, la razón del retraso en la fecha de los comicios, desde el lado oficialista, responde a los índices de popularidad del Gobierno nacional, que no quiere perder el poder político de sus 20 feudos (la oposición solo obtuvo tres gobernaciones en el 2012) y por eso no se preocupó por insistir en un proceso en 2016, mientras que la oposición descuidó este frente al presionar para un revocatorio que vendió como oferta electoral en 2015.
