El Consejo Moral Republicano subrayó ayer la legalidad de la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) efectuada el pasado 23 de diciembre.
El contralor general de la República, Manuel Galindo, aclaró que la Asamblea Nacional (AN), “no tiene competencias para destituir o anular el acto mediante el cual se designa un magistrado al Tribunal Supremo de Justicia”.
En rueda de prensa del Poder Ciudadano, Galindo explicó que los magistrados del TSJ, en cualquiera de sus salas, “sí están sujetos a remoción, pero no a destitución y nulidad del acto que dio lugar en plenaria a su designación”, pero indicó que para ello, “existe un procedimiento y debe existir una calificación previa de falta grave que establece la Ley Orgánica del TSJ”.
“La AN tiene plena competencia para remover un magistrado al TSJ siempre y cuando, de manera previa el Poder Ciudadano, haya calificado tal o cual falta en los términos que establezca la ley. Aun habiendo determinado la falta ese magistrado tiene derecho a la defensa en plenaria que es quien puede tomar la decisión”, explicó..
Con respecto a la sentencia N° 9 de la Sala Constitucional que limita la acción contralora al Parlamento sobre los Poderes Públicos y el Alto Mando Militar e impide revisar y revocar a los magistrados designados en 2015, el contralor dijo que “está apegada al principio de la legalidad, está ajustada al principio de supremacía constitucional”.
Enfatizó, además, que “si la sentencia es vinculante para las demás salas, también debe ser vinculante y de obligatorio acatamiento por parte de cada uno de los poderes públicos que conforman el Estado venezolano”.
Reiteró que el Máximo Tribunal “tiene la plena, absoluta y única competencia como único y ultimo intérprete de las normas de carácter constitucional”, razón por la cual “debemos respetar y apegarnos a la sentencia emanadas del TSJ, en virtud del artículo 335”.
Asimismo, resaltó que existen mecanismos cuando un venezolanos considere que no es correcto y para ello debe solicitar una aclaratoria de sentencia.
“El no acatar la sentencia, el desvirtuar podría dar lugar a que se incurrir en una usurpación de legalidad, podría incurrirse en abuso o desviación de poder, también podría materializar una violación a la ética pública y a la moral administrativa”.
Por otra parte, el defensor del Pueblo y presidente del Poder Ciudadano, Tareck William Saab, afirmó: “Nuestra Constitución está blindada y claramente delimitada para las más contradictorias o polémicas decisiones que pudieran tomar los poderes públicos nacionales (…) el principio de peso y contrapeso le permite a la democracia venezolana mantener el debate, por más duro que pueda ser”, apuntó.
Asimismo, indicó que dentro de la “autodenominada Mesa de la Unidad Democrática hay factores que buscan salidas corrosivas” para la estabilidad del país. “Hemos observado algunos aislados voceros, afortunadamente porque ni siquiera hay unanimidad en el sector opositor sobre ese tema, prácticamente alentar una intervención extranjera en Venezuela; y eso es inaceptable», criticó Saab. Por ello, rechazó de manera contundente la extensión del decreto que Estados Unidos emitió contra Venezuela en 2015 y que extendió por un año más la semana pasada, y exhortó al presidente de la AN, Henry Ramos Allup, a unirse al repudio general. “Ese es un tema que debe incluso hacer que los poderes públicos, incluyendo el Legislativo, rechace institucionalmente, constitucionalmente, tamaña y colosal despropósito”, resaltó.
