Mayores detalles sobre el inicio, funcionamiento y órgano responsable de los Registros Públicos Inmobiliarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), creado el pasado jueves por el presidente de la República, Nicolás Maduro, podrían ser informados esta semana. Mientras que un segundo registro anunciado por la Asamblea Nacional aún está también por definirse.
En el caso del estado Zulia, una fuente ligada a las viviendas, comentó a este rotativo que durante el fin el semana pasado se sostendría una reunión con el ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, en la que se discutirían estrategias y de ser autorizado, ofrecería la información sobre la forma de ejecución del registro del Gobierno.
Precisamente, ayer, fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 40.838, del 28 de enero del 2016, en la que se establecen las normas para la protocolización de documentos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Allí se indica el carácter de “urgencia de la inscripción y registro de estos documentos. Además se indica que se habilitará la instalación de las oficinas de Registros Públicos Especiales en todo el territorio nacional”.
En cuanto a los detalles describe que “el contenido del documento para el otorgamiento de la propiedad debe contener lo establecido en el Código Civil” y que consiste en “identificación de la naturaleza del acto jurídico, identificación completa de las partes intervinientes en el acto jurídico, descripción del inmueble, con señalamiento de su ubicación física, superficie y linderos”.
Asimismo, la resolución señala aspectos relacionados con las exenciones, tramitación, órgano rector, plataforma tecnológica, entre otros.
A pesar de que ya están los parámetros en Gaceta, quienes son adjudicatarios de viviendas de la Gran Misión esperan conocer efectivamente cuál será el organismo responsable de levantar el registro, dónde estará ubicado o cuáles recaudos habría que presentar. Y con esto saber, a ciencia cierta, dónde acudir para la cancelación del inmueble o dónde tramitar la protocolización.
Sobre este registro también han surgido otras dudas. Entre ellas está la manifestada por Ana Briceño, adjudicataria de una de las casas construidas por el Gobierno nacional, pero en el año 2002, mucho antes de la creación de la Misión Vivienda, (2010). Ella se pregunta si también le corresponde presentarse para el nuevo registro, porque aún no ha realizado el proceso de protocolización y por consiguiente no posee título de propiedad del inmueble.
Se conoció del propio presidente Maduro que crea “los Registros Públicos Inmobiliarios especiales de la Gmvv”, y así se podrá “establecer las directrices para impulsar y acelerar los procesos de protocolo de la Misión”; pero no detalló si corresponderá a todos los beneficiarios de viviendas, sean de Gmvv o no.
Esta decisión presidencial se toma en respuesta a la aprobación —la semana pasada—, en primera discusión, de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), impulsada por la bancada de la oposición que ahora es mayoría en la Asamblea.
El proyecto de la Mesa de la Unidad Democrática, descrito por el diputado Julio Borges, está reseñado en 14 artículos, en el que considera que arropará a lo concerniente a la Gmvv desde el 2011 en adelante. En el que ha grandes rasgos se insta al Gobierno nacional y a los entes competentes hacer todo lo referente para la entrega de los títulos de propiedad a los más de un millón de beneficios de la Gmvv. Haciendo especial énfasis en su artículo 3 que “otorgar la propiedad a los beneficiarios de la gran Misión Vivienda Venezuela, sobre los inmuebles que le han sido adjudicados, en lo términos previstos en esta Ley, as ícomo los documentos que la acrediten”, Además “garantizar la protocolización de los documentos de propiedad mencionados (…)”.
Mientras que su artículo 12 dice que tras la elaboración de un informe, se plantea “ (…) pagar a los afectados (por expropiaciones de terrenos o inmuebles) la justa indemnización que les corresponde, (…) contemplada en el artículo 115 de la Constitución.
Asimismo, se nombró una comisión permanente especial presidida por el presidente de la comisión de Administración y Servicios de la AN que “debe presentar en un lapso de 90 días hábiles un inventario detallado de los proyectos habitacionales ejecutados y en ejecución, y una base de datos que tenga la información de los propietarios de los terrenos donde se construyeron las viviendas o inmuebles otorgados”.
Esto quiere decir que se viviría en el país dos procesos de registros simultáneos de los terrenos, beneficiarios e inmuebles, uno aprobado por el Ejecutivo y el otro por la Asamblea Nacional, poniéndose en evidencia de nuevo el choque de los dos poderes.
El proyecto de Ley de Propiedad también reseña en su último artículo (14) que “se derogan todas las normas que colidan con lo dispuesto en la presente Ley”, entre los que menciona a decretos aprobados por el presidente Hugo Chávez entre 2010, 2011 y 2012, en los que se plantean diversos beneficios para la consolidación de Misión Vivienda y las familias adjudicadas.
Por su parte, el ministro para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, indicó que la Ley de Propiedad de la Misión Vivienda presentada en la Asamblea Nacional (AN) dejaría sin vigencia la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas de la Gmvv. Que es uno de los órganos marco para la ejecución de nuevas viviendas en el país.
Una fuente ligada al proceso de regularización manifestó que ya en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (del 2005) se establecen cada uno de los pasos relacionados con la ejecución, construcción, adjudicación y protocolización de las casas que desarrollo el Ejecutivo. Incluso, se establece también el levantamiento de registros.
Para el politólogo Nicmer Evans, tanto el Gobierno como la oposición han asumido conductas “extremas” en torno a la discusión de este tema y plantea que lo fundamental es poder escuchar a los beneficiarios, dijo recientemente a un medio nacional.
En su opinión, agrega “el Gobierno ha tenido una ausencia de política en relación a la concepción del cobro de la vivienda. (…) Sin embargo, sesga que la propuesta de la bancada opositora contiene elementos que pondrían en riesgo la política central de Estado de la Gmvv, que es garantizar el acceso a las viviendas a sectores que no podrían tenerlo en el mercado regular”.
