Venezuela anunció que denunció el Estatuto de Roma, paso que abre la vía para su salida del Tribunal Penal Internacional, según informó Félix Plasencia en un mensaje difundido en X. La comunicación fue dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y recoge que la decisión fue tomada por Delcy Rodríguez.

La denuncia del tratado

En el anuncio, Plasencia afirmó que Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un “sesgo geográfico” que, de acuerdo con su planteamiento, ha concentrado su labor de forma desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. También sostuvo que la institución “ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”.

El funcionario agregó que la decisión se sustenta en lo que calificó como un “lawfare” que, a su juicio, perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava desigualdades que la justicia internacional debería corregir. Desde hace tiempo, el chavismo ha cuestionado al Tribunal Penal Internacional, donde sigue abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, entre ellos torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual.

Qué ocurre con el caso de Venezuela

La denuncia del Estatuto de Roma no produce una salida inmediata. Según el propio mecanismo del tratado, el retiro solo se hace efectivo un año después de que el secretario general de la ONU recibe la notificación formal. Durante ese período, el país continúa obligado a cumplir sus compromisos, incluida la cooperación con las investigaciones que estén en marcha.

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, consideró que la decisión resulta “bien lamentable” porque Venezuela formó parte de los países que redactaron el estatuto. Añadió que la medida no contribuye a fortalecer la justicia internacional.

El expediente de Venezuela es el primer caso de América Latina que ha avanzado ante esta instancia. El proceso formal se inició el 3 de noviembre de 2021, después de que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran una denuncia en 2018 ante el organismo judicial.

El proceso sigue en La Haya

La salida del país no deja en el limbo el caso Venezuela I, que ya había enfrentado retrasos por denuncias de acoso contra el fiscal Karim Khan. Esas denuncias llevaron a separarlo del procedimiento y terminaron en su destitución este mismo jueves, pero la denuncia del Estatuto de Roma no afectaría ese expediente.

Los jueces de La Haya desestimaron hace dos años las impugnaciones que había presentado el chavismo para frenar la investigación. Según el proceso, el Gobierno no logró demostrar que los casos pudieran tener justicia en el país. Esa situación llevó incluso a que el Tribunal Penal Internacional cerrara el año pasado su oficina en Caracas por falta de cooperación.

El antecedente más cercano citado en el caso es el del expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien también denunció el Estatuto de Roma y actualmente es juzgado por el Tribunal Penal Internacional.