VE Sin Filtro desmintió este 3 de noviembre a Jorge Rodríguez, luego de que afirmara que todos los medios digitales censurados por decisión del chavismo habían sido desbloqueados en el país.
La iniciativa de monitoreo en Internet, impulsada por la ONG Conexión Segura, sostuvo en su cuenta en X que sigue vigente el bloqueo sobre decenas de dominios y que los alivios aplicados hasta ahora no equivalen al fin de las restricciones.
Aún quedan 140 dominios bloqueados
VE Sin Filtro afirmó que siguen bloqueados 140 dominios de internet, entre ellos los de Armando.Info, Infobae, VPITV y NTN24, además de más de 30 vinculados con herramientas para evadir la censura y servicios de VPN.
La organización recordó que el desbloqueo parcial comenzó en septiembre, antes del inicio del tercer ciclo de conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición, pero insistió en que no todos los sitios han sido liberados.
La ONG también advirtió que los desbloqueos parciales no permiten anunciar el fin de la censura y reclamó el levantamiento de todas las restricciones y garantías para el acceso a la información.
El sindicato de prensa rechaza la reforma
Tras la sesión en la que se aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidió derogarla.
El gremio sostuvo que la propuesta conserva mecanismos de control sobre la expresión, introduce sanciones económicas elevadas y entrega al Ejecutivo facultades para investigar y sancionar administrativamente conductas relacionadas con mensajes y opiniones.
También alertó sobre expresiones ambiguas sobre discursos de odio, hostigamiento, mensajes discriminatorios y violencia.
La organización señaló además que, desde 2020, ha documentado la judicialización de al menos 27 trabajadores de la prensa mediante el artículo 20 de esa ley.
En paralelo, la ONG Foro Penal indicó que desde la entrada en vigencia de la Ley contra el odio, 927 personas fueron sometidas a procesos judiciales, más de 600 continúan con medidas cautelares y seis permanecen privadas de libertad.
Foro Penal añadió que entre las personas condenadas hay cinco mujeres en los estados Monagas, Mérida y Táchira, apresadas tras las protestas poselectorales por el fraude de las presidenciales de julio de 2024, con penas de 10 a 30 años de cárcel.
El sindicato también cuestionó que la ley, aprobada en noviembre de 2017 cuando Delcy Rodríguez presidía la Constituyente, siga siendo usada contra periodistas, trabajadores de la prensa, defensores de derechos humanos y ciudadanos.
Además, señaló que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sería el encargado de iniciar esas investigaciones, y que el organismo continúa bajo la conducción de Diosdado Cabello.
