La reforma de la Ley contra el Odio avanza con un giro de fondo: elimina la cárcel prevista hoy para los llamados discursos de odio, pero traslada la potestad sancionatoria al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a cargo de Diosdado Cabello. El proyecto fue validado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 1034, dictada el 15 de octubre, y vuelve ahora al Parlamento para una nueva discusión.

Del encierro a las multas en bolívares

El cambio más sensible está en el artículo 20. La norma vigente castiga con 10 a 20 años de prisión a quien publique o promueva mensajes de odio, discriminación o violencia. La reforma sustituye esa pena por multas en bolívares equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor fijado por el BCV, según el texto citado por TalCual.

Además, el despacho ministerial decidiría el monto según la gravedad de la falta, el alcance del medio empleado, la intencionalidad, el beneficio económico y la reincidencia. También podría sustituir la multa por 200 a 600 horas de trabajo comunitario y cursos de «cultura de paz». El sancionado tendría 30 días para pagar en la banca pública y otros 30 para pedir la nulidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La reforma también cambiaría el nombre de la ley, que pasaría de llamarse Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia a Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia. Y crearía una comisión de 15 miembros para promover la convivencia, con solo tres cupos para organizaciones sociales y el resto distribuido entre diputados, ministros, el TSJ, la Fiscalía, la Defensoría y el CNE.

La discrecionalidad no sale del centro del sistema

Espacio Público advirtió en un comunicado que la modificación «elimina la cárcel, pero mantiene la censura». La ONG sostuvo que la instrucción y la decisión de los procedimientos sancionatorios recaerán en el ministerio con competencia en justicia, el mismo que dirige los cuerpos policiales, y que eso conserva la discrecionalidad estatal sobre la expresión pública. Espacio Público también cuestionó que las multas se calculen sobre valores vinculados al tipo de cambio y señaló que podrían resultar desproporcionadas frente al ingreso mínimo integral.

El proyecto incorpora una frase que exceptúa a la labor periodística, la libertad de expresión y las opiniones políticas, siempre que no exista «incitación directa e inequívoca» a la violencia. Sin embargo, el resto del articulado mantiene la obligación de retirar de inmediato contenidos considerados prohibidos, sin orden judicial, y conserva la exigencia de transmitir mensajes oficiales en radio, televisión e impresos. Efecto Cocuyo recogió el planteamiento de la ONG y el aviso de que la reforma no desmonta los mecanismos de control en la práctica.

La discusión ocurre mientras se acumulan las consecuencias de la norma aplicada desde 2017. Foro Penal reporta 927 personas imputadas por instigación al odio desde ese año; hasta el 30 de septiembre seguían seis presas y 638 bajo medidas cautelares. En paralelo, organizaciones y dirigentes opositores reclaman la derogación total de la ley y no una reforma parcial. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió gestionar su eliminación en la mesa de diálogo, mientras la oposición sostuvo que la represión no se corrige con un ajuste cosmético.

En la Asamblea, Amelia Belisario dijo a Efecto Cocuyo que la propuesta oficialista apunta a la despenalización, pero no a la eliminación plena de las sanciones. Del lado del oficialismo, Jorge Arreaza admitió abusos policiales asociados a la ley y aun así defendió que siga vigente. Cabello, por su parte, la describió el 5 de octubre como «una necesidad» y afirmó que sirvió para frenar «mucho desvarío».

La reforma, así planteada, no borra el andamiaje de control. Cambia la forma del castigo, pero deja intacta la facultad de castigar.

927 imputados y una ley que no termina de irse

La ley fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, a pedido de Nicolás Maduro, en medio de las protestas de ese año. Hoy, el debate se concentra en si la modificación reduce el poder punitivo o solo lo reubica en otra oficina. La comisión especial de la Asamblea, además, escuchó críticas de la oposición que insiste en una ley derogatoria propia, según el planteamiento difundido por Efecto Cocuyo sobre el anteproyecto.

Las organizaciones que rechazan la reforma sostienen que la salida no es cambiar la celda por una multa, sino desmontar por completo el sistema de sanciones y sus efectos sobre periodistas, usuarios de redes y dirigentes políticos.