La ONG JEP alertó que el sismo afectó cárceles y debilitó el apoyo de los familiares, que llevan alimentos y medicinas a los detenidos.
Al menos 518 presos políticos siguen recluidos en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026, una situación que, según la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), también golpeó la infraestructura carcelaria y las redes de apoyo de sus familiares.
Sin balance oficial sobre daños en las cárceles
La organización, dirigida por la abogada y defensora de derechos humanos Martha Tineo, indicó que hasta ahora no existe un balance oficial sobre el estado de las estructuras de reclusión. También señaló que los internos por motivos políticos realizaron protestas luego de los hechos.
“Aparentemente, hubo algunos daños en las estructuras. No puedo decir que sean daños importantes, ni mucho menos, y en ese sentido nosotros hemos sido reiterativos. No sabemos si el Ministerio de Servicios Penitenciarios hizo las inspecciones correspondientes. Quisiéramos pensar que sí, pero en todo caso lo lamentable es que no ha habido un reporte oficial que dé cuenta de que se hicieron tales inspecciones”, dijo Tineo en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.
La defensora explicó que, tras el doble terremoto, los reclusos fueron desalojados temporalmente a áreas abiertas y luego devueltos a sus celdas. Eso desencadenó una manifestación pacífica interna por temor a daños estructurales y riesgos para su integridad, protesta que fue disuelta por las autoridades carcelarias.
“Iniciaron una manifestación pacífica que lamentablemente fue sofocada, aparentemente, según nos dicen, con gases lacrimógenos incluso en espacios cerrados. Incluso parece que hubo disparos de perdigones. En fin, esto es lo que plantean los familiares. Ante toda esa situación, hubo gente herida, maltratada y sofocada”, indicó Tineo.
Familias con menos margen para sostener a los detenidos
Tras el impacto de los terremotos, las redes de apoyo quedaron afectadas y eso limita la asistencia en las cárceles. Según el reporte publicado por JEP, la responsabilidad de proveer alimentos, medicinas e insumos de primera necesidad recae directamente en los familiares de los detenidos.
“Los dejan en una situación de mayor precariedad, porque son los familiares quienes tienen la responsabilidad de surtirlos de absolutamente todo. Si ellos se encuentran limitados en cuanto a su movilidad y recursos económicos para seguir ayudándolos, la situación de los privados de libertad se vuelve todavía más compleja”, dijo Tineo.
La organización también advirtió que las personas excarceladas bajo medidas cautelares, regímenes de presentación obligatoria y prohibición de salida del país enfrentan restricciones que les impiden reubicarse temporalmente en zonas menos afectadas por las réplicas o buscar empleo fuera de su jurisdicción para reconstruir sus hogares.
Treinta y seis detenidos tienen enfermedades graves
Dentro del total de privados de libertad por razones políticas, JEP mantiene documentadas 36 personas con enfermedades graves y crónicas.
Tineo recordó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé medidas humanitarias o sustitutivas de la privación de libertad para internos en condiciones críticas de salud o mayores de 70 años, pero aseguró que esas disposiciones siguen sin aplicarse en los tribunales.
“Tenemos documentados alrededor de 36 presos políticos que padecen enfermedades graves y crónicas. Por ellos seguimos alzando la voz, al igual que por los privados de libertad mayores de 70 años y las mujeres. Recordemos que, a tenor del Código Orgánico Procesal Penal, existe la figura de las medidas humanitarias”, reiteró.
La defensora añadió que las fallas previas en agua, ventilación y asistencia médica dentro de los internados judiciales se agravaron después del desastre natural.
