Asimismo, la jueza de la causa exhortó formalmente al Ministerio Público a reevaluar la solicitud de la parte querellante respecto a la imputación del delito de tortura. Esta instrucción judicial responde a la necesidad de adecuar la calificación de los hechos a los estándares fijados por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso López Soto vs. Venezuela.
Previamente, Loaiza exigió que Carrera Almoina quede privado de libertad y sin ningún beneficio procesal, ante los graves delitos causados y el riesgo de fuga. El imputado se había presentado el pasado 25 de agosto ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas para ponerse a derecho, en cumplimiento de la orden de aprehensión N° 021-26 dictada por el Tribunal 45 de Control de Caracas.
Un caso emblemático de impunidad y derechos humanos
El caso de Linda Loaiza López Soto representa uno de los procesos más emblemáticos sobre violencia contra la mujer en el país, abarcando delitos de secuestro, tortura, esclavitud sexual, revictimización y denegación de acceso a la justicia. Fue, además, el primer caso venezolano de violencia de género llevado ante un tribunal internacional de derechos humanos.
- El Tribunal Séptimo de Primera Instancia condena a Carrera Almoina a seis años de prisión por lesiones y privación de libertad, pero lo absuelve de violación.
- Tras 25 años de proceso, Linda Loaiza es notificada de una nueva audiencia ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Caracas.
- El acusado se presenta ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas.
- Se celebra la audiencia de presentación y se ordena la reclusión de Carrera Almoina en El Rodeo II.
En el año 2006, el Tribunal Séptimo de Primera Instancia dictó una sentencia donde Carrera Almoina fue juzgado únicamente por privación ilegítima de libertad y lesiones personales gravísimas, recibiendo una condena de apenas seis años, mientras que fue absuelto por el delito de violación. Esta absolución es justamente una de las decisiones que López ha combatido durante décadas y que ahora vuelve a revisión judicial casi 20 años más tarde.
