Una iniciativa bipartidista en Estados Unidos busca acelerar permisos para líneas eléctricas, parques renovables y proyectos de combustibles fósiles, en medio de una demanda de energía en aumento y del auge de los centros de datos.
La propuesta enfrenta respaldo de parte de la industria solar y del gas, pero también críticas de grupos ambientalistas que temen un debilitamiento de las protecciones ambientales y un recorte de la capacidad de litigio.
Permisos más rápidos para más tipos de obras
El proyecto, llamado Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleos Estadounidenses, plantea acelerar los plazos de autorización para parques solares, líneas de transmisión, oleoductos y gasoductos. También busca dificultar que futuras administraciones revocen permisos ya concedidos, reducir ciertas revisiones ambientales y limitar litigios fuera de los tribunales federales.
| Año | Consumo eléctrico proyectado |
|---|---|
| 2025 | 4.195 mil millones de kilovatios-hora |
| 2026 | 4.288 mil millones de kilovatios-hora |
| 2027 | 4.356 mil millones de kilovatios-hora |
La Administración de Información Energética, citada por Reuters, proyecta que el consumo aumentará de 4.195 mil millones de kilovatios-hora en 2025 a 4.288 mil millones en 2026 y 4.356 mil millones en 2027. La cobertura atribuida a Fortune vincula ese crecimiento, entre otros factores, al uso de inteligencia artificial.
Un acuerdo con apoyos cruzados y fuertes objeciones
La iniciativa fue redactada por los senadores Mike Lee, Sheldon Whitehouse, Martin Heinrich y Shelley Moore Capito, en una alianza inusual entre republicanos y demócratas. El texto ha reunido a voces que suelen chocar sobre energía y regulación, pero no ha despejado el cálculo político dentro de cada partido.
Ben Norris, asesor jurídico general y vicepresidente sénior de asuntos regulatorios de la Asociación de Industrias de Energía Solar, calificó la propuesta como un enfoque equilibrado. Dijo que la nueva capacidad de energía limpia y transmisión que podría habilitarse justifica los compromisos incluidos en otras áreas.
En cambio, Abigail Dillen, de Earthjustice Action, afirmó que el texto desmantela protecciones para el agua, los humedales y las especies en peligro. También cuestionó que reduzca la transparencia y el análisis ambiental, y advirtió que acelerar gasoductos, plantas de gas y grandes complejos de centros de datos podría aumentar la contaminación y las enfermedades.
El Sierra Club también expresó preocupación por el impacto sobre la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro y la Ley de Agua Limpia. Entre sus objeciones figura que los estados perderían capacidad de acudir a sus propios tribunales para proteger cursos de agua.
La industria del gas natural sostiene que la reforma daría más certidumbre a quienes construyen infraestructura y ayudaría a reducir los precios de los servicios públicos y la inflación. Toby Rice, identificado en la cobertura como director ejecutivo del productor EQT, dijo que construir líneas de transmisión puede ser incluso más difícil que levantar gasoductos.
Rice citó el Mountain Valley Pipeline, un gasoducto de EQT de 303 millas que tardó una década en construirse tras múltiples disputas judiciales y una intervención del Congreso. Según su argumento, incluso obras más acotadas pueden demorarse varios años pese a que, a su juicio, no deberían ser difíciles de completar.
El calendario político añade presión. Las votaciones probablemente no comenzarían hasta después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, y el respaldo actual no garantiza que la negociación llegue a buen puerto.
