Una propuesta de reforma a la Ley contra el Odio plantea reemplazar las penas actuales de 10 a 20 años de prisión por multas calculadas en bolívares. Estas sanciones equivaldrían a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la divisa de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela, ente rector de la política monetaria.
Sanciones y procedimientos administrativos
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz será el encargado de fijar el monto de la multa, evaluando factores como la gravedad, el alcance, la intencionalidad y la reincidencia. Los sancionados tendrán 30 días para cancelar el monto en la banca pública. Alternativamente, la norma contempla la sustitución de la multa por entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario y programas de formación en cultura de paz. Los afectados podrán impugnar la medida ante la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo de 30 días continuos.
Cambios institucionales y obligaciones mediáticas
La iniciativa propone renombrar la normativa como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia y crea una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, compuesta por 15 miembros, incluyendo diputados, ministros y representantes de los poderes públicos. El proyecto exige que medios impresos, radiofónicos y televisivos, tanto públicos como privados, difundan contenidos sobre convivencia y respeto, permitiendo al Estado solicitar hasta 30 minutos semanales de transmisión. Asimismo, las plataformas digitales deberán implementar medidas preventivas para retirar contenidos que promuevan la violencia o la discriminación.
