Tras la publicación de la resolución N.º 2026-0010 del Tribunal Supremo de Justicia, que modificó la estructura de los juzgados especiales y suprimió los tribunales de control con competencia en materia de terrorismo, la defensa de los hermanos Carmelo, Daniel y Levin De Grazia solicitó formalmente un examen de constitucionalidad sobre estos órganos jurisdiccionales.
Cuestionamiento a la estructura judicial
Los abogados Rafael Badell, Daniel Badell y Carlos Sotillo argumentan que la supresión de los tribunales de control, justificada por el máximo tribunal bajo el objetivo de optimizar la administración de justicia, genera interrogantes sobre la validez de los tribunales de juicio que mantienen la misma competencia. Según la defensa, si los tribunales de control fueron objeto de una reorganización, resulta jurídicamente incoherente mantener activos los tribunales de juicio que integraban la misma estructura, sin evaluar si su funcionamiento vulnera garantías fundamentales como el juez natural, la independencia judicial y el derecho a la defensa.
Impacto en el caso PDVSA-Cripto
Los hermanos De Grazia son procesados actualmente ante el Tribunal Tercero de juicio en materia de Terrorismo, en el marco del caso conocido como PDVSA-Cripto. La defensa sostiene que la privación de libertad de los procesados se torna más arbitraria debido a la nueva situación institucional, dado que la medida fue dictada originalmente por un tribunal de control que ha dejado de existir tras la resolución del TSJ.
Los abogados han anunciado que presentarán estos alegatos durante el desarrollo del juicio, insistiendo en que la solución no puede limitarse a una redistribución administrativa de expedientes. Exigen determinar si los órganos que conocieron las actuaciones estaban habilitados constitucionalmente y si es necesario remitir la causa a tribunales ordinarios para garantizar el debido proceso.
