Al menos ocho representantes políticos indígenas de Venezuela difundieron este 12 de octubre un comunicado para pedir que sus derechos sean incorporados en la agenda nacional y en la mesa de diálogo entre el oficialismo y la Asamblea Nacional de 2015.
En el texto, los voceros exigieron ser tomados en cuenta en el sistema democrático, reclamaron una distribución más equitativa de las riquezas extraídas de sus territorios y denunciaron el daño ambiental del Arco Minero del Orinoco.
Una magistratura indígena en el TSJ
Los representantes de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia también pidieron la presencia de un magistrado indígena en el Tribunal Supremo de Justicia para atender la jurisdicción especial de sus comunidades.
Romel Guzamana, diputado del estado Amazonas destituido por el TSJ en 2016, sostuvo que las poblaciones indígenas no ven garantizados sus derechos ni por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas ni por la Constitución.
En sus redes sociales, Guzamana añadió que esa representación judicial permitiría articular reclamos con otras instituciones del Estado.
Voto y representación electoral
La representación indígena también pidió más transparencia en los centros de votación de las comunidades originarias y reclamó el derecho a optar por un rector principal en el Consejo Nacional Electoral.
Además, recordaron que desde junio de 2020 se eliminó la posibilidad de un voto secreto, universal e individual para escoger a sus representantes en la Asamblea Nacional, según denuncias citadas por organizaciones de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas advirtió sobre la presión que enfrentan los pueblos originarios de la Amazonía venezolana, mientras la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha documentado violaciones graves contra esas comunidades.
En paralelo, organizaciones como Wayamoutheri han denunciado impactos del Arco Minero del Orinoco y de grupos armados sobre territorios indígenas.
