Defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos y organizaciones de la sociedad civil reclamaron este 22 de julio la liberación inmediata e incondicional de los detenidos, luego de que el doblete sísmico del 24 de junio agravara las condiciones de reclusión en varios centros del país.
La exigencia fue planteada durante la conferencia de prensa “La libertad también salva vidas”, convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) como una medida urgente para proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.
El sismo dejó más expuesta la situación de los detenidos
Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel e integrante del Clippve, dijo que las horas posteriores a los movimientos telúricos evidenciaron la vulnerabilidad de los detenidos en centros de reclusión militares y civiles.
Señaló que las autoridades no activaron protocolos eficaces e inmediatos para resguardar a la población penal y aseguró que tardaron más de 50 minutos en iniciar cualquier procedimiento de evacuación o auxilio hacia los internos.
Baduel también afirmó que Ramo Verde y El Rodeo I están entre los recintos con mayores daños estructurales evidentes. Según su denuncia, la respuesta no estuvo orientada a la atención técnica o médica, sino a intentar invisibilizar lo ocurrido mediante tácticas de coacción, amedrentamiento, denuncias de tortura y arremetidas violentas contra familiares que acudieron a pedir información.
La vocera indicó además que seis familias de presos políticos permanecieron desaparecidas temporalmente tras el sismo y que luego se confirmó que tres de ellas sufrieron pérdidas humanas y materiales.
Baduel reiteró que en Venezuela la cifra de personas privadas de libertad por razones políticas supera las 500, distribuidas en recintos como El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro, Ramo Verde, INOF, La Crisálida, Tocorón y Tocuyito, además de comandos policiales y destacamentos militares.
Las ONG reclaman excarcelación plena y verificación internacional
Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), centró su intervención en la indolencia del aparato estatal y en el desacato a las peticiones formales elevadas por las víctimas y sus representantes.
Murillo dijo que no hay voluntad política para atender el dolor de las familias víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos y aseguró que han enviado solicitudes al Ministerio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público sin obtener respuesta.
Ronnie Boquier, coordinador del área Jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), vinculó la crisis con los hallazgos recientes de organismos internacionales especializados y afirmó que los familiares de presos políticos han sido sometidos a un entorno torturante.
Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, dio lectura al manifiesto suscrito por 13 organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional. El texto califica el estado de los privados de libertad como crítico y advierte que el doblete sísmico agravó una emergencia previa por el deterioro institucional y la desatención sistemática en el sistema penitenciario.
Las organizaciones exigieron la excarcelación incondicional y libertad plena de todos los presos políticos, el sobreseimiento de causas para personas con medidas cautelares o excluidas de manera arbitraria de la amnistía, así como acceso de organismos de verificación internacional para evaluaciones técnicas independientes de los penales.
También pidieron el ingreso inmediato del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y oficiales de la Acnudh, además de visitas regulares de familiares y abogados, asistencia médica integral y el cierre definitivo de centros señalados por torturas.
Las organizaciones firmantes del comunicado son el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Acceso a la Justicia, Provea, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Consorcio Justicia, Foro Penal Venezolano, Defiende Venezuela, Laboratorio de Paz, Voces de la Memoria, Un Mundo sin Mordaza, Amnistía Internacional, Caleidoscopio Humano y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
