Organizaciones de derechos humanos, familiares y representantes de la sociedad civil exigieron este miércoles la liberación plena e incondicional de los presos políticos y advirtieron que la vida de decenas de detenidos corre grave peligro tras el doble terremoto del 24 de junio.
La denuncia se centró en el deterioro de las condiciones de reclusión, la falta de atención médica y la ausencia de respuestas del Estado, en un contexto en el que los familiares temen además por posibles daños en la infraestructura penitenciaria.
Reclaman atención médica y acceso a organismos internacionales
La declaración fue presentada en una rueda de prensa convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, con el respaldo de organizaciones como Provea, Cofavic, Justicia, Encuentro y Perdón, Defiende Venezuela, Foro Penal, Cepaz, Civilis, Acceso a la Justicia, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza y Voces de la Memoria, JEPVzla, entre otras.
Las organizaciones reclamaron el ingreso inmediato de organismos internacionales independientes, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para constatar el estado de salud de los detenidos y verificar las condiciones de los centros penitenciarios bajo custodia estatal.
En la lectura del comunicado, Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que la emergencia provocada por los terremotos no puede servir para relegar la agenda de derechos humanos ni las obligaciones del Estado frente a personas privadas de libertad.
En la publicación de JEPVzla, el mensaje reiteró que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Denuncian presión a familiares y riesgo en varias cárceles
Andreina Baduel alertó que más de 40 presos políticos se encuentran en estado crítico de salud y aseguró que, si no reciben atención médica inmediata, sus vidas corren peligro. También recordó que su hermano, Josnars Baduel, necesita cuatro intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las torturas que afirmó haber sufrido en reclusión.
La activista denunció además que familiares de presos políticos han sido presionados por autoridades penitenciarias para retirar denuncias públicas y dejar de exigir justicia como condición para obtener respuestas institucionales.
La organización señaló que centros de reclusión como El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare y el Instituto Nacional de Orientación Femenina presentan condiciones que incumplen estándares internacionales, al exponer a los detenidos a riesgos estructurales, tratos crueles y ausencia de atención médica oportuna.
Desde Cofavic, Ronnie Boquier rechazó las acciones de intimidación y criminalización contra quienes acompañan a las víctimas y documentan violaciones de derechos humanos. Óscar Murillo, de Provea, insistió en que la emergencia derivada del terremoto no puede utilizarse para postergar las exigencias de justicia.
Las organizaciones cerraron con un llamado a la comunidad internacional para mantener la atención sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y exigir garantías para su vida e integridad.
