Un grupo de abogados exige explicaciones por las muertes atribuidas a supuestos intercambios de disparos y cuestiona el silencio del Ministerio Público.
Los abogados Carlos Balcácer y Manuel Sierra Pérez, junto con otros cinco penalistas, denunciaron que en el país se han producido no menos de 117 muertes desde septiembre en hechos descritos como intercambios de disparos o muertes en acción legal. En su planteamiento, el Ministerio Público guarda un “silencio sepulcral” frente a esas muertes y tampoco ha respondido las solicitudes de diligencias que aseguran haber introducido.
Sierra Pérez afirmó que, al día de hoy, las peticiones no han recibido respuesta de la Procuraduría General de la República. Balcácer, por su parte, sostuvo que el Estado está recurriendo a la fuerza policial sin corregir fallas de fondo en la persecución penal.
Cuestionan la respuesta del Estado
Los juristas admiten que las muertes durante supuestos intercambios de disparos forman parte de un problema más amplio del sistema de justicia, que relacionan con la reforma policial fallida, la escasez de fiscales, la insuficiencia de tribunales, las dificultades para procesar infractores y la desconfianza de parte de la población en las instituciones. Aun así, sostienen que esas carencias no justifican las muertes.
Balcácer planteó que las autoridades deben asumir las responsabilidades que les corresponden en la persecución de los delitos, en lugar de presentar la muerte de personas buscadas por la justicia como respuesta a la inseguridad. También criticó la reacción social que, según dijo, termina validando esas muertes como solución frente a la delincuencia.
El abogado afirmó que, con la conducta actual de la Policía, se crea en el inconsciente colectivo de la autoridad una “licencia de hacer” lo que se quiera. En su criterio, la respuesta estatal debe centrarse en investigar, detener y llevar a los responsables ante los tribunales, no en eliminarlos físicamente.
Falta de fiscales y más evidencia
Balcácer también vinculó las dificultades para perseguir la delincuencia con la falta de recursos del sistema judicial. Dijo que hay pocos fiscales y que esa insuficiencia se refleja en el volumen de denuncias y expedientes que deben atender las fiscalías.
El jurista cuestionó además la cantidad de tribunales disponibles en el Distrito Nacional para conocer procesos penales. Señaló que hay cuatro colegiados y defendió la necesidad de ampliar la capacidad de los órganos judiciales. Añadió que el presupuesto aprobado para el Poder Judicial en 2026 fue de aproximadamente 12,921.6 millones de pesos.
En el mismo planteamiento, señaló que la Policía también enfrenta limitaciones de recursos y condiciones laborales que deben corregirse. A su juicio, una política de seguridad efectiva requiere personal capacitado, salarios adecuados y mecanismos de supervisión.
Las fichas no equivalen a condenas
Los abogados colocaron en el centro del debate la reincidencia delictiva y el uso de registros policiales como argumento para justificar las muertes en operativos. Balcácer insistió en que una ficha policial no equivale a una condena judicial y que una orden de arresto tampoco prueba culpabilidad.
También diferenció a las personas investigadas o buscadas por la justicia de aquellas que han sido declaradas culpables mediante sentencia. En su exposición, defendió que el Estado debe incorporar mecanismos de rehabilitación, educación, capacitación laboral y seguimiento para quienes recuperan la libertad después de cumplir condena.
Manuel Sierra Pérez añadió que el Ministerio Público no ha informado los resultados de las investigaciones relacionadas con estas muertes. Dijo que los abogados han pedido autopsias, informes de médicos legistas, peritajes balísticos, registros de armas y grabaciones de cámaras de seguridad.
“¿Dónde están las armas con las que se produjeron esos supuestos alegados intercambios de disparos? ¿Dónde están las huellas dactilares para establecer que ciertamente ese infractor de la ley que murió tenía el arma en sus manos?”, preguntó. Según dijo, esas evidencias son necesarias para determinar si realmente existieron enfrentamientos y si los agentes actuaron dentro de los límites legales.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.