La Misión de la ONU concluyó que la atención médica tardía fue un factor en la muerte de Alfredo Díaz bajo custodia. El análisis de JEP sostiene que el caso deja evidencia útil para futuras acciones…
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó que la falta de atención médica especializada y oportuna contribuyó a la muerte de Alfredo Díaz Figueroa, exgobernador de Nueva Esparta, mientras estaba bajo custodia del Estado. El caso fue retomado por el periodista Luis Carlos Díaz en un análisis publicado en la web de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP).
Ese texto plantea que los informes del organismo de la ONU no solo dejan constancia de violaciones a los derechos humanos, sino que también pueden servir para sostener futuras responsabilidades penales, dentro o fuera de Venezuela.
La detención y el deterioro de salud
Según el informe de la ONU, Alfredo Díaz fue detenido por funcionarios del Sebin el 24 de noviembre de 2024 en Ospino, en el estado Portuguesa. Cuatro días después, Diosdado Cabello confirmó que estaba recluido en El Helicoide, principal centro de detención del Sebin en Caracas.
El documento señala que fue acusado de “incitación al odio” y “terrorismo”. Durante el proceso penal permaneció incomunicado, sin acceso a un abogado de su elección ni a su expediente, y su familia no fue informada sobre las actuaciones judiciales. El proceso quedó paralizado al momento de su muerte.
Antes de ser detenido, un informe médico fechado el 19 de marzo de 2024 ya había registrado una primera convulsión con pérdida de conciencia, además de gastritis, ansiedad con rasgos paranoides y depresión. También recomendaba tratamiento farmacológico, una tomografía computarizada y evaluaciones de neurología y psicología.
La Misión afirma que Alfredo Díaz nunca fue evaluado por un especialista durante su detención. De acuerdo con testimonios recogidos por el organismo, el 7 de octubre de 2025 presentó dolor intenso, rigidez muscular, temblores y desorientación. Fue llevado al área médica de El Helicoide, diagnosticado con una “indigestión” y devuelto a su celda sin seguimiento.
El 6 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 am, volvió a presentar síntomas similares. Fue trasladado otra vez al área médica, recibió maniobras de reanimación y luego fue llevado a un hospital, donde murió ese mismo día.
El comunicado oficial del Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó que falleció en el Hospital Clínico Universitario por un infarto agudo de miocardio. El certificado de defunción registró como causas shock cardiogénico, infarto agudo de miocardio, cardiomiopatía isquémica e hipertensión arterial.
Lo que concluyó la Misión de la ONU
La Misión dijo tener “motivos razonables para creer” que la falta de atención médica especializada y oportuna fue un factor que contribuyó a la muerte de Díaz. También señaló que no encontró evidencias de una investigación independiente e imparcial sobre el fallecimiento.
El informe subraya que, cuando una persona está bajo custodia estatal, las autoridades tienen un deber reforzado de proteger su vida e integridad y de garantizar atención médica adecuada y oportuna. Advierte además que las muertes bajo custodia asociadas con la denegación o demora injustificada de atención pueden constituir privaciones arbitrarias de la vida atribuibles al Estado.
El caso no aparece aislado. La Misión también documentó la muerte bajo custodia de Edison José Torres Fernández, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana con 24 años de servicio, detenido en diciembre de 2025 después de difundir presuntamente mensajes críticos con el gobierno.
El informe completo de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela recoge ambos casos como parte de un patrón sobre deficiencias en las condiciones de detención y en la atención médica.
En su análisis para Justicia Encuentro y Perdón, Luis Carlos Díaz sostiene que documentar cada episodio y preservar las evidencias puede tener efectos más allá del momento en que se publica un informe.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
