Un grupo de quince organizaciones de la sociedad civil envió una misiva al Departamento de Estado de Estados Unidos con el objetivo de solicitar una supervisión estricta sobre la administración de la ayuda humanitaria que llega al país. El pedido busca que el gobierno estadounidense interceda ante las autoridades locales para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas pública en la distribución de los suministros tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.
4.561 fallecidos tras los terremotos del 24 de junio
Exigen control civil y transparencia
Las organizaciones, entre las que destacan la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y Provea, enfatizaron la necesidad de que se publique periódicamente el origen, propósito y beneficiarios de la asistencia. Asimismo, demandan una verificación independiente para confirmar que los recursos lleguen efectivamente a las víctimas.
Un punto crítico de la solicitud es la gestión de la emergencia. Las organizaciones instaron a la administración de Estados Unidos a abogar por una respuesta liderada por civiles. Esto surge tras la designación de Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, como autoridad única para la emergencia, una medida cuestionada por los defensores de derechos humanos debido al historial de la institución.
Facilidades logísticas y marco legal
Además de la supervisión, las organizaciones plantean la necesidad de agilizar la llegada de suministros mediante la exención temporal de impuestos, aranceles y tasas portuarias o aeroportuarias para los envíos de socorro. También proponen la creación de un organismo único de coordinación para gestionar permisos y autorizaciones de manera prioritaria.
Finalmente, el documento dirigido al despacho de Marco Rubio incluye demandas estructurales, como la derogación de la denominada «Ley Anti-ONG» y el levantamiento de los bloqueos aplicados a redes sociales, medios de comunicación y servicios de VPN en el territorio nacional.
