Zair Mundaray aseguró que las redes criminales pesan sobre la política venezolana y pueden ampliar las causas abiertas en Estados Unidos. También habló de entregas, extradición y el caso de Tareck El…
El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray sostuvo que la criminalidad organizada transnacional tiene un peso decisivo en las relaciones entre Estados y representa uno de los principales obstáculos para una eventual transición democrática en Venezuela.
En su participación en La Conversa, de la Alianza Rebelde Investiga, afirmó que esas estructuras han consolidado poder, economías y mecanismos de control territorial que dificultan la recuperación de la institucionalidad. También dijo que este fenómeno ocupa poco espacio en los programas de estudio de politología en Venezuela, pese a que considera que es clave para entender las relaciones internacionales actuales.
Investigaciones y entregas a Estados Unidos
Mundaray señaló que las actuaciones judiciales de Estados Unidos contra personas ligadas a presuntas redes de corrupción y criminalidad pueden ampliar el alcance de las investigaciones. Mencionó los casos de Alex Saab y Álvaro Pulido, y afirmó: “La lista de entregables va a crecer”.
Agregó que la colaboración de personas involucradas en esas estructuras podría aportar información sobre otros actores y operaciones. Según su planteamiento, las fiscalías estadounidenses pueden usar acuerdos con acusados para obtener pruebas adicionales y avanzar hacia otros integrantes de las redes investigadas.
Sobre la llegada de detenidos a Estados Unidos, advirtió que no debe confundirse una entrega con una extradición. Dijo además que, hasta ahora, no se ha producido una solicitud formal de extradición hacia ese país. Explicó que un procedimiento de ese tipo incluye canales diplomáticos, revisión judicial de los documentos y garantías ligadas al derecho a la defensa.
El exfiscal también se refirió a la posibilidad de una nueva imputación contra Tareck El Aissami por el caso de la Corporación Venezolana de Guayana, que vinculó con una firma de punto de cuenta que habría permitido desmantelar parte de una infraestructura industrial y venderla como chatarra sin cumplir los procesos legales.
Además, habló del control territorial que ejercen grupos criminales en zonas de la frontera con Colombia, donde, dijo, comunidades enteras viven bajo lo que llaman “Ley del Monte”, una forma de orden impuesto por actores armados ante la ausencia de institucionalidad efectiva.
Por último, cuestionó la intervención de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana y la detención de un capitán, al relacionarlo con presuntas irregularidades en incautaciones, cadena de custodia, destrucción de drogas y presencia de grupos civiles y colectivos en operativos de seguridad.
