Transparencia detecta vínculos políticos entre postulados al comité
La organización examinó perfiles y antecedentes de los aspirantes; su metodología incluyó registros públicos, sentencias, prensa y cuentas en redes sociales.
Transparencia Venezuela señaló que 30 de los 127 aspirantes al comité de postulaciones judiciales tienen afinidad con el oficialismo; entre ellos, 13 militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros 10 pertenecen a organizaciones políticas distintas. El comité participará en la evaluación de credenciales de quienes aspiren a integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El comité tendrá 12 representantes de la sociedad civil
De los 127 postulados se escogerán 12 representantes de la sociedad civil. Junto con 11 diputados —ocho del PSUV y tres de la oposición minoritaria en la Asamblea Nacional de 2025—, integrarán el comité que evaluará las credenciales de los aspirantes al nuevo TSJ, cuya renovación, según el reporte, forma parte de una mesa de negociación entre el chavismo y la Asamblea Nacional de 2015.
La organización identificó a 13 aspirantes como militantes del PSUV: David Raúl Daniel, Landres Saer Felibertt González, Jumisamarly María Franco Martínez, Jainer Rafael González Cordero, Mercedes Coromoto Gutiérrez Muñoz, Henry Hamdan Llabar, Alexander de Jesús Herrera Bandres, Francisco Javier León Luque, Carmen Edith Linares Barajas, Toni Franklin Medina Guillén, Jesua Oner Urbina Diaz y Dionisio Antonio Yepez Sivira.
Entre los vinculados con otras organizaciones aparecen Luis Fermín Aguilar, edil de Baruta y exdirector de esa alcaldía; Omar Halim Alzahabi Ortiz, candidato a la Asamblea Nacional en 2025 por el Movimiento Ecológico, Fuerza Vecinal y Min-Unidad; y Luis Rafael Angarita Lazo, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, vinculado con Primero Justicia.
La lista incluye también a Manuel Alberto Campos Solórzano, candidato por Miranda en 2020 con el respaldo de la Alianza Democrática; Adriana Teresa León Vera, vinculada a Primero Justicia; Leonardo Antonio López Soto, mencionado en 2022 entre coordinadores políticos de ese partido en Lara; y Marys Mercedes Mogollón Torres, militante de Proyecto Venezuela.
La ONG reportó antecedentes en instituciones públicas
Transparencia Venezuela indicó que 65 aspirantes no tienen militancia político-partidista. La organización también describió vínculos de algunos postulados con instituciones públicas y empresas. Ana María Alves integró el comité de postulaciones anulado tras el proceso de mayo pasado; Carlos Javier Mota Pacheco participó en el proceso anterior y es apoderado judicial de Venalum.
Isabella Andrea Pacheco Gutiérrez, también integrante del comité de mayo, es directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Rhona del Carmen Pérez Delgado, postulada anteriormente, es apoderada judicial de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, adscrita al Ministerio para la Alimentación.
La ONG explicó que elaboró los perfiles con información de gacetas oficiales, registros públicos —incluidos los del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Registro Nacional de Contratistas—, sentencias publicadas, prensa y cuentas públicas en redes sociales. Los perfiles de los 127 postulados reúnen la información individual examinada por la organización.
La reforma de la Ley Orgánica del TSJ establece que el comité tendrá 12 miembros de la sociedad civil y 11 diputados. Además, el reporte señala que se acordó instalar un consejo de verificación de credenciales para actuar como filtro del trabajo del comité. Ese consejo estará integrado por siete abogados, cuatro descritos como de reconocida trayectoria y tres exmagistrados del TSJ. Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, calificó a estos últimos como «operadores políticos» del oficialismo y los responsabilizó de la crisis del sistema judicial venezolano.
