En el acto por el Día de la Resistencia Indígena celebrado el 12 de octubre en el puente Angostura, Nicolás Maduro Guerra afirmó que los pueblos indígenas de Venezuela tienen derechos gracias a Hugo Chávez y a la llamada Revolución Bolivariana.
La jornada reunió a comunidades indígenas del oriente del país, de Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Sucre y el estado Bolívar. En su intervención, el diputado dijo: “luego llegó el comandante Chávez, quien reunió y reivindicó a los pueblos indígenas… No olvidamos lo que pasó, pero también celebramos los derechos que hoy, gracias a la Revolución Bolivariana, tenemos”.
La Constitución y la deuda territorial
El artículo 119 de la Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas y ordena al Ejecutivo nacional demarcar y garantizar la propiedad colectiva de sus tierras. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostienen que esa obligación sigue pendiente. Provea señala que persisten violaciones a los derechos colectivos sobre tierras, territorios y recursos tradicionales.
Wayamoutheri, un programa dedicado a la defensa de estos pueblos, define el territorio como la base material y simbólica de su existencia, porque sostiene su economía, su organización social, su identidad cultural y su espiritualidad. En esa línea, la demora en la demarcación sigue siendo uno de los principales reclamos indígenas.
En los primeros años de la década de 2000 se aprobaron la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, de 2001, y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, de 2005. Aun así, la titulación efectiva se frenó cuando las demandas territoriales chocaron con las prioridades mineras y energéticas del Estado.
Un antecedente citado por organizaciones indígenas es el rechazo, en 2006, de la solicitud de autodemarcación de los pueblos Ye’kuana y Sanema, que abarcaba más de 4 millones de hectáreas. Después, entre 2008 y 2010, las demarcaciones quedaron paralizadas, según el recuento de esas organizaciones. El capítulo constitucional sobre pueblos indígenas puede consultarse en este texto de la Constitución.
El decreto 2.248 de 2016 formalizó el Arco Minero del Orinoco sobre 111.843,70 km², superpuestos a territorios ancestrales de pueblos como el Pemón, Kariña, Ye’kuana, Sanema, Eñepá, Warao, Hoti y Wotjuja. Según activistas y defensores indígenas, esa zona ha traído violencia, militarización, presencia de grupos armados y presión sobre comunidades que denuncian desplazamientos, contaminación y enfermedades.
Entre los casos mencionados por esas denuncias figuran el asesinato de Virgilio Trujillo, en 2022, y el de Julio Rodríguez, ocurrido en agosto de 2026. También se han reportado impactos por malaria, tuberculosis y contaminación por mercurio en territorios de pesca y cosecha.
Una revisión sobre la discusión territorial indígena puede verse en este análisis sobre la deuda de demarcación.
