La Fiscalía presentó declaraciones y registros bancarios durante la quinta jornada del proceso por presunto peculado contra José Arroyo y otras 16 personas.
El juicio por el caso Ornato Municipal continuó este martes 20 de octubre en una sala de la Corte Provincial de Pichincha, con testimonios sobre obras ornamentales y compras del Municipio de Pujilí que, según la Fiscalía, se habrían realizado antes de los procesos de contratación. El alcalde José Arroyo y otras 16 personas, entre exfuncionarios y contratistas, son procesados por presunto peculado.
Testigos describieron trabajos anteriores a los contratos
La investigación se centra en cuatro convenios relacionados con plantas y palmeras, y otros dos sobre obras de patos y óvalos. En conjunto, suman 340.665,26 dólares. La Fiscalía sostiene que los trabajos se ejecutaban primero y que después se cumplían los procesos de contratación.
El sargento Jorge Zapata Vega, quien trabajó en la Unidad Nacional de Investigación del Delito Contra la Eficiencia en la Administración Pública y ahora está en Asuntos Internos, declaró sobre entrevistas y denuncias recogidas durante la investigación. Según su testimonio, hubo tres denuncias: una del entonces vicealcalde Raúl Arroyo, otra de Mayra Garzón, guardalmacén municipal, y una tercera enviada de forma anónima a la línea 1800-DELITO.
Zapata dijo que un proveedor habría entregado plantas y palmeras al Municipio en 2023, antes de que el contrato fuera adjudicado al año siguiente. Según el policía, el proveedor presentó documentos de recepción y comprobantes de transferencias relacionados con los productos.
Sobre los óvalos, el testigo señaló que un trabajador municipal habría dicho que las estructuras se construyeron en 2023 con mano de obra e insumos del Municipio, aunque el contrato se ejecutó en 2024. También recordó la declaración de otra persona que afirmó haber elaborado las estructuras antes de que se publicara el contrato.
En relación con la denuncia de Garzón, Zapata indicó que ella reportó diferencias entre los materiales que ingresaban físicamente a la bodega y las salidas que debían justificarse en los registros municipales. Añadió que la funcionaria habría denunciado amenazas de funcionarios municipales. Las defensas preguntaron al testigo por el proceso de investigación, las fuentes consultadas y las personas mencionadas en las denuncias.
Trabajadores hablaron de labores en los óvalos
Luis Alfredo Sailema, trabajador de albañilería del Municipio desde hace tres años, declaró que recubrió con cemento estructuras del estadio de Pujilí durante dos días y medio. Ante una pregunta de un abogado de Arroyo, dijo que desconocía quiénes habían realizado las obras. Señaló que también hace trabajos de construcción y que tuvo como jefes inmediatos a Édgar Caiza y Toribio Sacatoro.
José Cayancela Sacatoro, quien se identificó como trabajador del campo, dijo que entre 2023 y 2024 laboró bajo la dirección de Sacatoro en dos casas comunales, en San Nicolás y Rayo Loma. También afirmó que trabajó dos días en el enlucido de un óvalo junto a Sailema.
Emilio Sandoval, gerente general del diario La Gaceta, recordó que el medio remitió a la Fiscalía, mediante un disco compacto, un oficio sobre una noticia relacionada con obras de palmeras en la avenida Velasco Ibarra, publicada el 7 de agosto de 2023. Según esa información, se sembraron 11 palmeras separadas por 25 metros. Sandoval dijo que la noticia fue grabada por personal de la redacción y que él no acudió al lugar para constatar la siembra.
La jornada incluyó información financiera y digital
El tribunal, encabezado por la jueza Mabel Tapia, hizo una pausa a las 12:20 y reanudó la audiencia a las 14:10. Arroyo se conectó desde la cárcel La Roca; otros procesados participaron desde centros penitenciarios de Quito y Ambato. El proceso siguió con la declaración de Rocío Álvarez Sánchez, trabajadora de una institución financiera privada, quien expuso información solicitada sobre Manuel Isaías Quijia Sotalin: cuentas, movimientos, transferencias, tarjetas de crédito, inversiones y retiros.
A pedido de la Fiscalía, Álvarez leyó registros de transferencias de mayo de 2023, entre ellos uno de 25.320,40 dólares al Consorcio Ingenieros CV, con el motivo «Consorcio Ingenieros CV- pago a proveedores». También revisó movimientos de octubre de 2024 y mencionó una transferencia de 25.000 dólares a María Pilapana, hecha el 2 de octubre y sin motivo especificado en el registro expuesto.
Durante el contrainterrogatorio, Álvarez dijo que no podía precisar qué funcionario extrajo la información bancaria y que era la primera vez que la revisaba en detalle. Explicó que el banco recibe estos requerimientos a través de un área de Gestión de Data, que extrae la información, y que el dueño de la información certifica la extracción.
Después de un receso a las 15:54, Henry Pazmiño, trabajador de la Unidad de Cumplimiento de otra entidad financiera, declaró que entregó información sobre depósitos y retiros de varias personas requeridas por la autoridad. Precisó que en una de las cuentas revisadas hubo un retiro de 12.000 dólares.
Francisco Berrezueta Naranja, trabajador de una empresa de telecomunicaciones, dijo que en enero de este año se remitió a la Fiscalía información sobre cuatro teléfonos móviles, incluidos los titulares de las líneas y las fechas de permanencia. Por su parte, el servidor policial Édison Canto expuso un análisis pericial de 16 direcciones electrónicas, con fijaciones fotográficas y contenido digital preservado en un disco de almacenamiento óptico.
La audiencia continuaría con los demás testigos de la Fiscalía. En los días siguientes se esperaba la comparecencia de testigos de las otras partes procesales.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
