Dinorah Figuera sostiene que antes de fijar fecha para unas elecciones en Venezuela debe desmontarse el aparato institucional que rodea el proceso comicial. La dirigente opositora plantea auditar el registro electoral, sanear las instituciones y retirar los mecanismos que, a su juicio, bloquean votaciones transparentes.

Tras reunirse con Marco Rubio, Figuera dijo que el respaldo diplomático de Washington fortalece el trabajo de la delegación opositora en la mesa de negociación. También afirmó que los acuerdos discutidos deben traducirse en garantías concretas para los electores, los presos políticos y la libertad de expresión.

La oposición insiste en un nuevo TSJ antes de hablar de elecciones

Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, afirmó que la hoja de ruta acordada en la negociación pasa por la reinstitucionalización del Poder Judicial, la restitución de garantías políticas y civiles y la convocatoria a elecciones libres.

En ese marco, señaló que el proceso para designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia avanza con la meta de escoger 32 magistrados y 32 suplentes. Añadió que busca una integración con aval de la sociedad civil y con personas de credenciales y honorabilidad reconocidas.

La dirigente dijo que el Comité de Postulaciones recibió candidaturas hasta el 9 de octubre y que el proceso está liderado por Juan Miguel Matheus, diputado y delegado de la Asamblea Nacional electa en 2015. También explicó que el trabajo del comité y del Consejo de Verificación de Credenciales ha estado orientado a ganar confianza en torno a los aspirantes.

Sobre los tiempos, Figuera sostuvo que espera resultados visibles pronto: «En noviembre. Como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia».

Registro electoral, partidos y garantías políticas

Sobre el Consejo Nacional Electoral, Figuera dijo que la delegación opositora tiene un entregable en curso, pero aclaró que no se trata de un proceso rápido. Indicó que han observado irregularidades en el sistema y en el registro electoral, por lo que considera prioritario depurarlo antes de avanzar hacia una gran convocatoria.

La dirigente también reclamó que los partidos recuperen sus tarjetas electorales y puedan participar con garantías. Según dijo, esa parte del trabajo está siendo impulsada por Ramón López, ingeniero y diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015.

En cuanto a los presos políticos y las inhabilitaciones, Figuera afirmó que forman parte de la mesa más difícil de la negociación. Señaló que el objetivo es acordar condiciones que incluyan garantías civiles, respeto a los derechos ciudadanos y salida para los perseguidos políticos.

También sostuvo que en esa discusión se han planteado reformas como la derogación de la Ley contra el Odio y de otras normas que, según su planteamiento, permiten decisiones punitivas o restrictivas discrecionales.

Medios bloqueados y presión por liberaciones

Figuera dijo que la negociación también ha abordado la libertad de expresión. Aseguró que se sentaron en la mesa representantes del sindicato de periodistas, del Colegio Nacional de Periodistas y figuras autónomas como Carlos Correa, y afirmó que se han conseguido avances parciales, entre ellos el levantamiento de bloqueos sobre algunas redes informativas.

No obstante, advirtió que siguen existiendo casos de medios bajo censura telemática y periodistas detenidos por informar. En su criterio, aún quedan pendientes medidas que restituyan plenamente el acceso a la información y la protección a quienes ejercen el periodismo.

Sobre los presos políticos, dijo que ha pedido a Marco Rubio que en esta ocasión haya «liberaciones emblemáticas». Entre los casos que mencionó como posibles figuras de ese tipo citó al teniente coronel Igbert José Marín Chaparro. Agregó que trabaja listas con familiares y abogados, y que también han conversado con Foro Penal, aunque existen diferencias sobre el número de detenidos y los criterios para definir quiénes deben ser considerados presos políticos.

Figuera cerró con una defensa de la vía negociada y afirmó que ese mecanismo es el único recurso institucional que, a su juicio, queda después de 27 años de confrontación.