Caracas. Jerry Argenis Ostos Perdomo y Carlos Eduardo Castillo pasaron 24 meses presos por un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. Este jueves 8 de octubre, un tribunal desestimó casi todos los cargos y les impuso cuatro años de condena por porte de armas, bajo libertad condicional.
El tribunal desestimó intento de magnicidio y conspiración
El Tribunal Primero de Juicio con competencia en Terrorismo dictó sentencia en la causa y el juez José Antonio García desestimó los delitos de intento de magnicidio y conspiración para delinquir que pesaban sobre ambos detenidos.
La pena por porte de armas no incluyó el tiempo que ya habían cumplido en prisión, por lo que la decisión contempla que recuperen su libertad bajo medidas cautelares sustitutivas.
En la misma causa, el periodista y activista de derechos humanos Carlos Julio Rojas obtuvo libertad plena.
La detención ocurrió el 25 de marzo de 2024
El caso comenzó el 25 de marzo de 2024 en las inmediaciones de la plaza Diego Ibarra, en Caracas, durante la movilización civil para la inscripción de la candidatura presidencial oficialista ante el Consejo Nacional Electoral.
Según declaró en su momento Tarek William Saab, a Ostos y Castillo los aprehendieron en flagrancia a 20 metros de la tarima principal.
Las autoridades afirmaron que portaban armas de fuego, calibres 9 mm y 7.65 mm, y que supuestamente confesaron formar parte de las estructuras operativas de Vente Venezuela. Semanas después, el Ministerio Público usó esos testimonios para involucrar penalmente a Carlos Julio Rojas como presunto instigador o coordinador logístico.
Denuncias por irregularidades y coacción
Durante el proceso, familiares y defensores de derechos humanos denunciaron incomunicación forzada, restricciones para acceder a una defensa privada de confianza y la imposición de defensores públicos.
Jerry Ostos afirmó que estuvo recluido en El Helicoide durante 24 meses y que el juicio, que duró alrededor de cinco horas, contó con más de 12 funcionarios y expertos que no pudieron conectar los delitos con los acusados.
Ambos sostienen que protestaban contra el gobierno de Maduro, pero que eso no justificaba los delitos que les imputaron en 2024. También afirman que los testimonios autoinculpatorios presentados por William Saab ante alocuciones oficiales habrían sido obtenidos bajo coacción física y psicológica.
Ostos y Castillo dijeron que esperan que el Estado repare el daño moral y psicológico que aseguran haber sufrido tras ser señalados públicamente como terroristas y homicidas.
