Héctor Rodríguez aseguró que no contemplan despedir a funcionarios públicos, sino reubicarlos “donde sean necesarios”, al reconocer que la nómina…
Héctor Rodríguez aseguró que no contemplan despedir a funcionarios públicos, sino reubicarlos “donde sean necesarios”, al reconocer que la nómina gubernamental es insostenible durante un encuentro con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Reunión con el Poder Judicial
Rodríguez, en su condición de jefe de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, se reunió el martes 16 de junio con integrantes de la cúpula del Poder Judicial. En ese espacio negó que el plan oficial esté dirigido a sacar trabajadores de la administración pública para reducir el tamaño del Estado.
De acuerdo con lo expuesto en la conversación, el ministro de Educación insistió en que a veces se confunde el Estado con el gobierno, y explicó que el número de empleados públicos corresponde a la administración nacional, estadal y municipal. Un magistrado presente en el encuentro afirmó que, en principio, deberían quedar por fuera los otros cuatro poderes públicos.
Cifras de la administración pública
La aclaratoria cobra relevancia porque una diputada que asistió a una reunión previa indicó que Rodríguez maneja una cifra de 2,9 millones de trabajadores en el gobierno, número que aumenta a 3,5 millones al sumar a quienes laboran en los 335 municipios y las 24 gobernaciones del país.
Venezuela está integrada por 23 estados, aunque en 2025 se añadió una nueva gobernación para la Guayana Esequiba, una figura simbólica creada para reivindicar la soberanía sobre el territorio en disputa con Guyana.
Según la legisladora, Rodríguez también señaló que el Ejecutivo dispone de 34 ministerios, 150 viceministerios y más de mil empresas e institutos.
Recursos finitos y reordenamiento
El funcionario enfatizó que los recursos son limitados y que el promedio del barril de petróleo se ubica en 60 dólares, equivalente a unos 630 millones de dólares mensuales. Los ingresos del Gobierno y de la economía venezolana dependen en buena medida de los hidrocarburos.
En ese marco, sostuvo que no se trata de enviar funcionarios a la calle, sino de reorganizarlos donde hagan falta, incluso con varias dependencias operando en una misma sede física, con énfasis en los municipios.
La exposición se hizo ante un organismo que, a su vez, aumentará su carga burocrática, luego de que la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobara elevar de 20 a 32 el número de magistrados principales del TSJ. En promedio, cada despacho de juez cuenta con unos 30 trabajadores.
Durante su presentación ante los diputados, Rodríguez afirmó que aspiran a proteger el empleo y el ingreso de los venezolanos, garantizar la efectividad de los derechos sociales y la protección de la población vulnerable, además de evitar el solapamiento de funciones.
En esa ocasión también admitió que, si se busca modificar ciertos aspectos, será necesario revisar todo el andamiaje jurídico que condiciona la cantidad de instituciones. Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha planteado como objetivo levantar una nueva estructura de gobierno, adaptada a la nueva realidad del país.
