Las cárceles de Venezuela registraron 26.694 personas privadas de libertad durante 2025 en instalaciones con una capacidad operativa de 15.096 plazas, lo que disparó el hacinamiento al 176,83 %, según un comunicado oficial del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La crisis penitenciaria se agrava debido a que más de 10 mil cupos permanecen fuera de funcionamiento en establecimientos cerrados o desalojados durante las últimas décadas.
Claves
- —El nivel de hacinamiento carcelario se ubicó en 176,83 % durante 2025.
- —Más de 10 mil plazas continúan sin operar en recintos cerrados o desalojados.
- —El OVP propuso una auditoría nacional para evaluar la infraestructura inhabilitada.
Infraestructura inactiva y situación en Caracas
El OVP indicó que al menos 18 establecimientos penitenciarios fueron cerrados o desalojados a lo largo de los años. Entre los recintos mencionados figuran Sabaneta, con una capacidad de 800 plazas; la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), CEPELLA, Yare I y Puente Ayala, con unas 750 plazas cada uno; y Vista Hermosa, con 650 plazas. También figuran en el registro La Planta, San Juan de los Morros, el Internado Judicial de Apure y el I.J. Yaracuy.
La organización detalló que el cierre progresivo del Retén de Catia, El Junquito y La Planta dejó a Caracas sin establecimientos penitenciarios, obligando a trasladar a reclusos cuyos procesos judiciales se tramitan en la capital hacia otras regiones, lo que incrementa las distancias que deben recorrer los familiares.
Impacto en familiares y calabozos preventivos
Los traslados hacia centros alejados imponen a los familiares gastos adicionales en transporte, alimentación y alojamiento. Asimismo, las familias deben proveer alimentos, medicamentos y artículos de higiene para los detenidos.
Paralelamente, los centros de detención preventiva —como las dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional y policías estadales y municipales— albergan a personas durante periodos prolongados. Un informe previo del OVP documentó que 7.414 personas permanecían recluidas en 157 dependencias del CICPC, con una permanencia promedio de 615 días.
Retardo procesal y la necesidad de una auditoría
La organización señaló que más del 75 % de la población penitenciaria registrada se encontraba procesada sin sentencia firme, un porcentaje que asciende a 6.518 personas dentro de los calabozos del CICPC. El OVP planteó que la reapertura de recintos penitenciarios debe estar sujeta a evaluaciones estructurales rigurosas y acompañada por una revisión profunda de los procesos judiciales para combatir el retardo procesal.
