La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) denunció que las organizaciones sindicales no han sido llamadas por el Ejecutivo nacional para participar en el plan de reestructuración del aparato estatal, una situación que considera contraria a la legislación laboral venezolana y a los contratos colectivos vigentes.
Comisión presidencial y revisión de nómina
El señalamiento surge en medio del proceso de reingeniería administrativa impulsado por el Gobierno, que contempla un plazo de 90 días para auditar y revisar una nómina calculada en 3,5 millones de trabajadores públicos. La comisión presidencial encargada de esa tarea está dirigida por Héctor Rodríguez.
Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, afirmó en una entrevista concedida a Unión Radio que la dimensión del Estado representa un problema real heredado desde la década de los ochenta. Sin embargo, sostuvo que el crecimiento de la nómina en los últimos diez años respondió a decisiones centralizadas del propio Ejecutivo y no a presiones del sector laboral.
Reclamo por la falta de información oficial
Suárez lamentó que la representación de los trabajadores haya quedado fuera de la comisión técnica de reestructuración y también de las agendas de las mesas de diálogo laboral vigentes. A su juicio, las cláusulas contractuales obligan al Estado a incorporar a las federaciones firmantes en cualquier proceso de reorganización o reducción de personal.
