El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó el martes 4 de agosto que las madres de presos políticos instalaron una mesa para exigir medidas que protejan la vida de sus familiares detenidos.
La organización difundió la acción en su cuenta de X, donde sostuvo que, aunque fue postergada la instalación de la mesa de discusión sobre el futuro del país, las familias mantuvieron su protesta para insistir en una urgencia que no cambia con el calendario político.
Las familias insistieron en atención médica y libertad plena
Durante la instalación de la mesa, los familiares colocaron los nombres y rostros de sus seres queridos y reiteraron los riesgos que enfrentan tras meses, y en algunos casos años, de detención.
Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, denunció las condiciones en las que se encuentran varios de los detenidos y exigió “libertad plena” para todas las personas que permanecen detenidas por motivos políticos.
Ávila afirmó que han denunciado aislamiento, falta de atención médica y condiciones de reclusión que ponen en riesgo la vida e integridad de los presos políticos.
Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, dijo a la agencia EFE que el “punto número uno” en las conversaciones debería ser la libertad de los presos políticos.
El sábado 1° de agosto, los familiares pidieron incluir esta situación en el proceso de diálogo entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera.
Clippve vinculó la protesta con los daños por los terremotos
Clippve señaló que los terremotos ocurridos el 24 de junio hicieron todavía más evidente la vulnerabilidad y la necesidad de decisiones urgentes para proteger la vida de los presos políticos.
El viernes 31 de julio, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió el traslado de al menos 25 mujeres que permanecen en el retén de Caraballeda, en el estado La Guaira, cuya infraestructura resultó afectada por el desastre del 24 de junio.
La organización sostuvo que durante semanas las reclusas permanecieron sin agua potable y con pocos alimentos, que recibían de sus familiares.
Además, indicó que un mes después de la tragedia comenzó a restablecerse el servicio de agua, aunque no es apta para el consumo.
Clippve también pidió el 18 de julio una evaluación técnica independiente de la infraestructura de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, por los daños y riesgos asociados con los movimientos telúricos.
En una publicación en X, la organización sostuvo que hasta la fecha las autoridades no han establecido protocolos preventivos ni permitido el ingreso de organismos independientes para verificar el estado de la cárcel y las condiciones de reclusión.
