La solicitud de Delcy Rodríguez al Parlamento controlado por el oficialismo para reformar con “carácter de urgencia” la Ley contra el Odio desató una nueva ola de rechazos y exigencias de derogación total de esa norma en Venezuela. Activistas de derechos humanos, abogados, periodistas y actores políticos coincidieron en que una reforma parcial o una simple despenalización no corrige un instrumento que, sostienen, ha servido para criminalizar la disidencia, restringir la libertad de expresión y perseguir voces críticas.

Entre las voces que reclamaron la eliminación completa de la ley estuvo Oscar Murillo, coordinador general de Provea. En su cuenta en X aseguró que la organización ha planteado esa derogatoria “en todos los espacios posibles”, dentro de los diálogos abiertos después del 3 de enero, cuando, según dijo, fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Murillo sostuvo que Provea ha pedido “la urgente derogatoria del marco jurídico” que, a su juicio, ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos. En esa lista incluyó también la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines; el estado de conmoción exterior; y disposiciones del Código Penal que, afirmó, han sido usadas contra personas críticas de la gestión gubernamental y defensores de derechos humanos.

El activista, que ha sido objeto de procesos penales por su rol en Provea, insistió en que se requieren “cambios genuinos y creíbles” y advirtió que el país rechaza “cualquier mecanismo de simulación”. En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar en un proceso de reconstrucción institucional.

Activistas y juristas rechazan una reforma parcial

El periodista y activista de derechos humanos digitales Luis Carlos Díaz recordó que en 2017 una de las figuras que más impulsó la aprobación de la Ley contra el Odio fue precisamente Delcy Rodríguez. Por eso, subrayó que el planteamiento actual no apunta a eliminarla, sino a avanzar en una “despenalización”.

Díaz aseguró que, durante estos meses, el chavismo ha mostrado reticencias para suprimir esa normativa, a pesar de las exigencias formuladas por la sociedad civil, por presos políticos afectados por su aplicación y por Estados Unidos. A su juicio, se ha intentado retrasar su eliminación.

También sostuvo que la ley fue utilizada para la persecución de la disidencia política, para afectar la libertad de expresión y para encarcelar a personas que se oponían al chavismo desde distintos sectores de la sociedad. Según afirmó, las penas previstas han sido “monstruosas” y los procesos judiciales aplicados contra miles de personas han carecido de derecho a la defensa, criterios claros y estándares de prueba correctos.

En esa misma línea, Mariano de Alba, abogado y experto en derecho internacional, consideró que el anuncio constituye “un paso en la dirección correcta”, pero advirtió que el debate no debería quedarse en una reforma. Señaló que la derogación íntegra debe ser tomada en cuenta porque una mera despenalización podría dejar vigentes herramientas de censura y exclusión política a través de sanciones administrativas.

De Alba añadió que también es urgente revisar condenas y procesos derivados de la aplicación de esta ley, liberar plenamente a todas las personas detenidas por esa causa, levantar las restricciones asociadas y establecer mecanismos de reparación.

El pronunciamiento de Luis Carlos Díaz fue difundido en X, donde reiteró que la norma no debe ser corregida sino eliminada por completo.

Ese mismo planteamiento aparece en su publicación en X sobre la Ley contra el Odio, en la que insistió en los efectos de esa norma sobre la disidencia y las garantías judiciales.

La Asamblea de 2015 y el SNTP también piden cambios de fondo

Desde la Asamblea Nacional de 2015 también hubo un pronunciamiento con varias precisiones sobre la ley, aprobada por la Constituyente de 2017. Ese sector atribuyó el anuncio de Delcy Rodríguez al trabajo desarrollado en la mesa de diálogo que mantiene con el chavismo desde agosto.

En su declaración, señalaron que la reforma ocurre dentro de un proceso orientado a la reinstitucionalización democrática del país y a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. Al mismo tiempo, expresaron solidaridad con quienes han sido perseguidos durante los últimos nueve años por la aplicación de esa norma.

Además, indicaron que se mantienen atentos a que la reforma anunciada responda a fines democratizadores, de acuerdo con lo conversado en ese proceso, y que contribuya al restablecimiento de derechos y garantías ciudadanas.

La posición de la Asamblea de 2015 quedó expuesta en una publicación de la Asamblea en X, en la que vinculó el anuncio con la mesa de diálogo instalada con el oficialismo.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa afirmó que cualquier cambio debe incluir el desmontaje de la penalización y la criminalización de la libertad de expresión. Para esa organización, eliminar las penas de prisión sería un avance importante, pero insuficiente si permanecen disposiciones que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.

El SNTP advirtió que una reforma limitada a la despenalización dejaría intactas restricciones que considera graves para la libertad de prensa y de expresión. Esa preocupación coincide con las objeciones formuladas desde distintos sectores sobre el uso de la ley como mecanismo de control y censura.

La ONU mantiene observaciones sobre leyes restrictivas

La controversia sobre la norma también se da en medio de cuestionamientos previos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU. El texto recuerda que esa instancia ha objetado la ley desde sus inicios y que, en su informe más reciente, del 16 de septiembre, manifestó preocupación porque disposiciones restrictivas como esa siguen vigentes en el país.

Según ese informe, también continúan operando el aparato represivo y al menos 19 altos funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad, o bien se mantienen en sus cargos o fueron trasladados por Rodríguez a otras posiciones dentro de la administración pública.

La misión rememoró que numerosas leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen activas y que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas. Asimismo, señaló que no se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos, a los que describió como una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario.

La presidenta de ese grupo de expertos, Sofía Macher, afirmó entonces que cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible mientras no se desmonten las estructuras represivas, no se garantice la independencia judicial y no se investigue ni sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos. En ese contexto, el reclamo de organizaciones y especialistas apunta a que el debate no se limite a una reforma formal, sino que desemboque en la eliminación completa de la Ley contra el Odio.