La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, advirtió este jueves 19 de noviembre que las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela siguen enfrentando numerosos obstáculos para trabajar.

El pronunciamiento llegó al cierre de su primera visita a Caracas en ejercicio de su mandato, tras reuniones con organizaciones no gubernamentales, personas privadas de libertad por motivos políticos y sus familiares, académicos, representantes sindicales y la Defensoría del Pueblo.

Registro jurídico en parálisis y financiamiento más difícil

Romero explicó que el reconocimiento jurídico de las agrupaciones ciudadanas atraviesa una etapa de parálisis por la aplicación de la ley de fiscalización de ONG, una norma que, según dijo, eliminó de un tajo a miles de organizaciones y desalienta la asociatividad.

También señaló que la estigmatización institucional vuelve peligroso el reconocimiento público de las tareas vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

A eso sumó trabas crecientes para acceder a financiamiento y describió como tortuoso el ejercicio de la acción colectiva, al atribuir parte de esas restricciones a la ley de fiscalización y a la ley contra el odio.

La relatora sostuvo además que esas limitaciones alcanzan a todo tipo de asociaciones, incluidas las entidades religiosas, y golpean con mayor fuerza a las organizaciones pequeñas, a las de pueblos indígenas y a las integradas por personas con discapacidad.

Sindicatos, presos políticos y exigencia de apertura

En materia laboral, Romero afirmó que la actividad gremial en Venezuela es gravemente obstruida por injerencias estatales en la autonomía interna de los sindicatos y por medidas de retaliación contra trabajadores, entre ellas la congelación de salarios y la imposición de jubilaciones anticipadas.

Sobre los detenidos por razones políticas, valoró como un paso positivo la excarcelación de cientos de personas en el período reciente, pero advirtió que aún permanecen cientos de personas privadas de libertad por el ejercicio de sus derechos y libertades.

La funcionaria pidió que sean liberadas sin condiciones y denunció los malos tratos a los que continúan sometidos numerosos reclusos.

También lamentó que una proporción significativa de quienes salieron de prisión no pueda retomar con normalidad su vida cotidiana, laboral y familiar porque siguen sujetos a presentaciones periódicas ante tribunales y tienen causas judiciales abiertas.

Por último, señaló que en los próximos días podrá comprobarse si la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia responde a criterios de pluralidad e instó a avanzar con rapidez hacia instituciones electorales independientes.

Romero remarcó que cualquier transición democrática en el país debe garantizar la participación efectiva de asociaciones independientes, civiles y políticas, así como de organizaciones de víctimas.