La organización no gubernamental Espacio Público registró siete casos y nueve violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela durante octubre de 2026, el doble de los reportes contabilizados en agosto y septiembre, cuando documentó tres casos en cada mes.
Según su balance mensual, la intimidación concentró 66 % de las violaciones, seguida por las amenazas y la censura. De las siete víctimas identificadas, cuatro eran periodistas o reporteros, dos correspondían a periodistas en general y una integraba una organización no gubernamental. Los cuerpos de seguridad figuraron como responsables en tres de los ocho registros de victimarios.
Casos, víctimas y zonas reportadas
El Distrito Capital concentró dos casos, mientras que Lara, Miranda, Vargas, Yaracuy y el entorno digital registraron uno cada uno, equivalentes a 14,29 % de los casos.
Espacio Público señaló además que cuatro periodistas y una defensora de derechos humanos recibieron sentencias absolutorias durante octubre. La organización sostuvo que esas decisiones confirman que esas personas no debieron permanecer privadas de libertad.
En el mismo período, advirtió que persistieron restricciones a la libertad de expresión en distintos ámbitos. La ONG indicó que la reforma parcial de la Ley contra el Odio sustituyó las penas de prisión por multas que puede decidir el Ejecutivo, y afirmó que 40 sitios web siguieron bloqueados. También denunció límites al trabajo periodístico en espacios públicos, en la Asamblea Nacional y en plataformas digitales.
Balance acumulado entre enero y octubre
Entre enero y octubre de 2026, Espacio Público acumuló 99 casos y 183 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. La intimidación encabezó los registros con 90 hechos, seguida por la censura, con 44, y el hostigamiento verbal. De las 131 víctimas identificadas en ese período, 77 eran periodistas o reporteros, equivalentes a 58,78 % del total, y 19 eran particulares, para 14,50 %.
En su balance sobre la situación general entre enero y agosto, publicado el 2 de octubre, la organización había documentado 89 casos, 170 violaciones y 29 detenciones arbitrarias. Esa última cifra representó un aumento de 2,8 % frente al mismo lapso de 2025.
