El Departamento de Estado pidió al Departamento de Justicia que respalde la inmunidad de Delcy Rodríguez ante una demanda presentada en el sur de Florida por tres estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela. La solicitud, hecha el 11 de julio, sostiene que la dirigente chavista debe quedar protegida mientras siga en el cargo.

La petición profundiza un acercamiento que, según el texto, se ha ido consolidando desde enero con alivios de sanciones, licencias petroleras y un trato más fluido entre Washington y Caracas. En ese trayecto, la Casa Blanca pasó de elogios políticos a medidas concretas que tocaron el negocio petrolero, el Banco Central de Venezuela y la relación con actores del chavismo.

La carta que invoca inmunidad para Rodríguez

En su comunicación, el Departamento de Estado afirmó que Rodríguez, «como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo» frente a la jurisdicción del tribunal federal que lleva el caso. La petición busca que el Departamento de Justicia presente cuanto antes una sugerencia de inmunidad ante el juez.

La demanda asciende a 314 millones de dólares y fue decidida por el tribunal de Florida contra siete personas, entre ellas Nicolás Maduro, Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Alex Saab Morán. La solicitud de Washington, sin embargo, solo abarcaría a Rodríguez mientras conserve el puesto.

Las medidas que abrieron el acercamiento desde enero

El 9 de enero se anunció la Orden Ejecutiva 14373 y control fiscal, con la que Estados Unidos pasó a controlar la comercialización del petróleo venezolano depositado en una cuenta que administra. Más tarde, el 29 de enero, se emitió la Licencia General 46, que excluyó ciertas actividades relacionadas con el régimen de sanciones al crudo venezolano y estableció que los pagos debían hacerse al Tesoro estadounidense.

En febrero, el secretario de Energía, Chris Wright, visitó Venezuela, la primera visita de un funcionario de alto nivel en décadas. Después llegaron nuevas licencias de la OFAC, entre ellas las Generales 30B, 49A y 50A, que autorizaron el uso de puertos y aeropuertos venezolanos para enviar diluyentes de crudo y ampliaron permisos para otras petroleras.

El reconocimiento político de marzo y sus efectos

La relación dio un salto el 5 de marzo, cuando la Casa Blanca reconoció formalmente a Rodríguez como presidenta del país, según el texto. Ese reconocimiento llegó dos meses después de que jurara como encargada del poder por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Luego, en abril, llegaron licencias para permitir operaciones al Banco Central de Venezuela, dentro de los esfuerzos para que el país volviera a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En mayo, AP reportó que las peticiones de inmunidad buscaban no entorpecer los empeños del gobierno estadounidense para estabilizar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El texto añade que la protección pedida en julio no equivale a un blindaje definitivo. Por ahora, el alcance sería temporal y dejaría abierta la posibilidad de seguir con investigaciones si Rodríguez abandona el cargo.