La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prepara una defensa de una regulación más estricta para la inteligencia artificial y los algoritmos en el mercado laboral español, con la intención de que las exigencias nacionales superen los mínimos fijados por Bruselas.
Un retraso en la UE que cambia el calendario
La Unión Europea tenía previsto que en agosto comenzaran a aplicarse las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial para los sistemas utilizados en el ámbito laboral. Aunque el AI Act entró en vigor hace casi dos años, la parte relativa a su aplicación en las empresas debía activarse el próximo 2 de agosto.
Sin embargo, Parlamento Europeo y Consejo alcanzaron recientemente un acuerdo político provisional dentro del paquete Omnibus digital, con el que se decidió aplazar hasta diciembre de 2027 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones para los sistemas de IA de alto riesgo. Entre esos usos figuran los vinculados al trabajo.
La postura del Ministerio de Trabajo
Ese cambio de calendario ha sido recibido con recelo por Díaz, que considera que la demora no debe traducirse en una relajación de las garantías en España. Su planteamiento pasa por mantener un nivel de protección más exigente en la regulación de la inteligencia artificial y de los algoritmos aplicados al empleo.
