La crisis en los centros de reclusión de Venezuela se agrava tras el reciente fallecimiento de un interno, un hecho que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) atribuye al abandono institucional. El deceso ocurrió en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, en el estado Anzoátegui, y se suma a una tendencia preocupante de mortalidad bajo custodia estatal.
Impacto de las intervenciones penitenciarias
El OVP ha señalado que las políticas de intervención implementadas por el oficialismo no han logrado los objetivos de rehabilitación y modernización prometidos. Por el contrario, estas operaciones han generado un efecto de dispersión de la población reclusa por diversos estados del país, incrementando el hacinamiento en otros centros.
37 reclusos fallecidos desde abril pasado
El centro de Barcelona, donde ocurrió el último suceso, alberga actualmente a más de 1.400 internos. Gran parte de esta población llegó al recinto tras la operación Gran Cacique Guaicaipuro, ejecutada en noviembre de 2023 en el Internado Judicial de Monagas con el fin de combatir el control de bandas criminales, conocido como «pranato».
Exigencia de rendición de cuentas
La organización de derechos humanos enfatizó que la falta de atención médica oportuna es la causa principal de estas muertes. Según el organismo, el Estado venezolano debe garantizar la integridad de las personas privadas de libertad y ofrecer transparencia sobre el uso de los recursos destinados a la recuperación de los penales.
Situación en el estado Anzoátegui
El centro penitenciario de Barcelona cuenta con una población superior a los 1.400 reclusos tras los traslados desde el estado Monagas.
