Delcy Rodríguez sancionó este jueves la reforma de la ley del servicio eléctrico en Venezuela, aprobada nueve días antes por el Parlamento, en una medida que busca abrir el sector a la inversión privada y extranjera.
La generación eléctrica podrá sumar empresas mixtas y privadas
Antes de firmar la promulgación, Rodríguez afirmó que la reforma permitirá la participación del sector privado nacional e internacional en los procesos de generación de electricidad para mejorar el servicio eléctrico nacional.
La dirigente chavista rubricó la norma mientras intervenía de forma telemática en la Expo Venezuela Energética Oriente 2026, realizada en Anzoátegui.
La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico establece que la actividad de generación será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente.
Además, las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas por un plazo máximo de 25 años, según el texto aprobado.
La crisis eléctrica sigue marcada por apagones y protestas
La ley se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, en medio de una crisis eléctrica que se ha prolongado por más de una década y que en el último año se ha agravado con apagones más frecuentes.
El texto también señala que las empresas petroleras deben asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para sus actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, con el fin de asegurar su autonomía operativa.
Rodríguez dijo que la demanda eléctrica se ha incrementado por las altas temperaturas asociadas con El Niño y por el crecimiento económico, al tiempo que saludó los esfuerzos del Ministerio de Energía Eléctrica para incorporar los megavatios necesarios.
La oposición y expertos atribuyen las fallas a la corrupción y la falta de mantenimiento, mientras el gobierno sostiene que responden a sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.


