El gremio capitalino advierte que la norma sigue siendo un freno para informar y pide su derogación total.
A casi diez meses de los acontecimientos políticos derivados de enero, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el Distrito Capital sostiene que en Venezuela siguen en riesgo las garantías para ejercer el periodismo y la libertad de expresión.
Edgar Cárdenas, secretario general del gremio en la capital, afirmó que existe una leve apertura para que ciudadanos y medios se expresen con un margen algo mayor, pero consideró que eso no basta frente a un marco legal que continúa funcionando como amenaza para la labor informativa.
La Ley contra el Odio, en la mira
Durante su participación en LA CONVERSA 2001, junto con Erys Wilfredo Alvarado y Juan Ernesto Páez-Pumar, Cárdenas centró sus críticas en la Ley contra el Odio. La describió como una norma que “nació viciada”, creada para controlar, legitimar la censura y criminalizar opiniones bajo el argumento de frenar la confrontación política.
Según los datos que maneja la seccional, el 70% de los periodistas detenidos en el país en los últimos tres años fueron imputados inicialmente bajo esta ley, mediante la figura del “delito comodín” aplicada de forma discrecional ante cualquier cobertura de interés público. Como ejemplo, recordó el caso de un reportero aprehendido en el estado Guárico tras cubrir una protesta comunitaria por fallas en el suministro de agua potable.
Cárdenas rechazó además cualquier reforma parcial que elimine las penas de prisión para sustituirlas por multas de entre 10.000 y 20.000 salarios mínimos. A su juicio, el espíritu punitivo y de control se mantiene intacto mientras subsistan sanciones severas y mecanismos de bloqueo contra los medios, por lo que insistió en la derogación total de la ley.
El dirigente también habló del cierre de más de 400 emisoras de radio por revocación de concesiones y licencias, con un centenar de casos registrados solo en 2022, y citó cierres basados en errores administrativos extremos, como el de una estación en el estado Carabobo retirada por el supuesto fallecimiento de un propietario ocurrido 24 años antes.
Además, sostuvo que esas medidas han reducido de forma drástica la pluralidad informativa y han trivializado los contenidos audiovisuales.
En otro punto, defendió la colegiación obligatoria y la exigencia de estudios universitarios reconocidos para ejercer el periodismo en Venezuela. Sostuvo que la información es un bien social de alta trascendencia y que el oficio exige contraste de fuentes y responsabilidad ética.
Cárdenas también citó estimaciones de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), según las cuales el 69% de los creadores de contenido digital o “influencers” admite no verificar ni contrastar lo que difunde. Añadió que el Colegio Nacional de Periodistas somete a sus afiliados a un código de deontología y disciplina gremial.
Sobre la inteligencia artificial, reconoció que puede servir para estructurar, jerarquizar y optimizar contenidos, pero advirtió sobre los riesgos de usarla sin control en los procesos informativos. Dijo que carece de ética e intuición y que puede reproducir sesgos humanos.
Como ejemplo, mencionó denuncias del especialista en periodismo digital Ramón Salaverría, de la Universidad de Navarra, sobre publicaciones generadas íntegramente por IA que le atribuían libros inexistentes, con referencias a páginas y contenidos ficticios.
En el plano educativo, afirmó que universidades venezolanas han replanteado sus métodos para frenar desinformación y contenidos sintéticos hiperrealistas, como los deepfakes. Indicó que varias facultades han prohibido el uso de teléfonos celulares en las aulas, restringido asignaciones domiciliarias y priorizado el trabajo analítico presencial y las evaluaciones orales.
“La comunicación es, por naturaleza, un acto netamente humano”, dijo Cárdenas, al pedir programas de alfabetización mediática para la academia y la sociedad civil.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
