Bukele destinó US$ 76,6 millones a su aparato publicitario

El gobierno de Nayib Bukele y cerca de 200 entidades públicas controladas por el oficialismo adjudicaron al menos US$ 76,6 millones en publicidad y consultoría mediática entre junio de 2019 y julio de 2026. Ese dinero estatal financió campañas nacionales e internacionales, pauta en medios, manejo de redes sociales, montaje de eventos y monitoreo de noticias, además de contrataciones con una empresa vinculada a la familia Bukele y pagos a un medio oficialista que ha difundido contenido falso o engañoso.

Los registros de contratación muestran una tendencia sostenida al alza desde el inicio de la administración. En los primeros seis meses de gestión se erogaron alrededor de US$ 2,6 millones. El monto subió hasta US$ 17,3 millones en 2025 y entre enero y julio de 2026 ya había llegado a US$ 19,7 millones, la cifra más alta del período examinado. El crecimiento del gasto coincidió con la consolidación de una estrategia comunicacional centralizada, apoyada en publicidad institucional y en el uso intensivo de plataformas digitales para proyectar la imagen del oficialismo dentro y fuera de El Salvador.

Esa centralización del mensaje ha sido señalada por analistas como un rasgo del modelo político salvadoreño reciente. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de análisis de Estados Unidos, apunta que el control sobre distintas instituciones del Estado ha favorecido la capacidad de ordenar y amplificar la comunicación oficial. En paralelo, el rastreo del uso de fondos públicos resulta limitado, porque la Presidencia salvadoreña mantiene bajo reserva su gasto directo en publicidad y no registra sus compras en los portales públicos desde 2019.

En 2021, la Presidencia declaró reservada por cinco años toda la información relacionada con publicidad, bajo el argumento de que divulgarla podía generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero. Al cierre del período revisado, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia todavía pedía una aclaratoria sobre una solicitud referida al gasto del Ejecutivo en esta materia. Esa opacidad obligó a reconstruir buena parte del movimiento de recursos a partir de adjudicaciones y contratos cargados en el sistema Comprasal, sitio de la extinta Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones, y en los registros de la Dirección Nacional de Compras Públicas.

Más de 2.000 adjudicaciones en servicios de comunicación

La revisión de 2.154 procesos permite seguir el destino de fondos asignados a servicios de comunicación y mercadeo por parte de unas 200 instituciones. La información compilada reúne más de 2.000 adjudicaciones distribuidas entre unas 410 empresas y personas naturales proveedoras. En ese universo aparecen contrataciones para campañas de imagen, inserciones en prensa, producción de materiales, gestión de medios, asesoría de comunicación, convocatorias públicas, organización de actos y mecanismos de monitoreo de cobertura.

La dimensión del gasto también resalta cuando se compara con otras partidas. Solo los US$ 19,7 millones canalizados en 2026 superan los US$ 500 mil asignados al Programa de Erradicación de Pobreza a nivel nacional. El contraste muestra el peso que tomó la proyección de la imagen estatal dentro del uso de recursos públicos durante el período estudiado.

La base de datos que agrupa estas adjudicaciones quedó disponible de forma pública en un tablero interactivo sobre contrataciones de publicidad y consultoría mediática. Allí se pueden revisar los montos erogados, las entidades contratantes y las corporaciones proveedoras. Los registros abarcan desde compras de bajo monto hasta contratos de mayor tamaño, con una curva ascendente que termina por concentrar en 2026 el nivel más alto de gasto anual observado.

El alcance del aparato de comunicación no se limita a campañas puntuales. Los procesos documentan una estructura permanente, sostenida con recursos públicos y extendida a múltiples dependencias estatales. A través de ella se financiaron acciones de difusión de logros gubernamentales, presencia institucional en medios, promoción de mensajes oficiales y herramientas de seguimiento informativo. Ese despliegue se convirtió en uno de los soportes principales para consolidar la marca política de Bukele y para intervenir en el debate público mediante mensajes uniformes y de amplia circulación.

Contratación a empresa vinculada a la familia Bukele

Uno de los casos señalados en los registros ocurrió en septiembre de 2019, cuando el Ministerio de Salud adjudicó a OBERMET un contrato por más de US$ 108 mil para servicios de comunicación. La contratación se produjo apenas tres meses después del inicio del mandato. De acuerdo con los documentos del proceso, los términos del contrato incluían publicidad impresa, difusión aérea, gestión de agencias de medios, monitoreo de satisfacción e inserción de pauta comercial.

OBERMET fue fundada en 1978 y ha sido relacionada históricamente con la familia Bukele y con personas de su entorno de confianza. Un documento del Centro Nacional de Registros de El Salvador ha sido citado para sustentar esa vinculación empresarial. Además, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron que Nayib Bukele fue representante de la agencia entre 2004 y 2012 y que posteriormente transfirió sus acciones a su hermano Karim Bukele.

En el sistema Comprasal consta que la unidad responsable no cargó la versión pública del documento de contratación correspondiente a ese proceso. Esa ausencia impide revisar en detalle las condiciones finales pactadas en el expediente abierto al público. Aun así, el contrato figura como parte de las adjudicaciones destinadas a sostener la maquinaria de comunicación estatal en los primeros meses de la gestión.

La relación de OBERMET con instituciones públicas ya había sido cuestionada en años anteriores. El exmagistrado Sídney Blanco afirmó en el programa Focos que entre 2012 y 2016 la empresa ganó 38 licitaciones con entes del Estado mientras Nayib Bukele era alcalde de San Salvador. Según ese señalamiento, la ley prohíbe a un miembro del consejo de una empresa ofertar en licitaciones de la administración pública bajo esas circunstancias.

Blanco sostuvo además que Bukele habría cometido un fraude mediante un acto simulado para aparentar el cumplimiento de la exigencia legal. Su argumento fue que, para poder ofertar, debía existir una desvinculación objetiva, real y demostrable de la empresa, lo que a su juicio no ocurrió, pues indicó que recibió dinero por concepto de donaciones familiares que no declaró ni por el cual pagó impuestos.

En julio de 2018, el entonces fiscal general Douglas Meléndez informó que había iniciado una investigación contra Nayib Bukele por no justificar el origen de ingresos por US$ 846 mil. No se precisaron avances posteriores de ese expediente en la información revisada. La mención de ese caso aparece en el contexto de los cuestionamientos sobre la relación entre la empresa vinculada a la familia Bukele y las contrataciones con instituciones públicas.

US$ 1,36 millones para Diario El Salvador

Otra parte del gasto oficial se dirigió a Diario El Salvador, registrado como El Diario Nacional. Más de un centenar de instituciones estatales compraron espacios publicitarios en ese medio entre octubre de 2020 y enero de 2024. En total se emitieron 361 contrataciones por US$ 1,36 millones, que incluyeron edictos, anuncios, convocatorias, suscripciones y publicaciones de resultados de licitaciones.

De esas 361 contrataciones, 275 fueron por montos inferiores a US$ 500. Aunque muchas correspondieron a importes pequeños, el volumen de órdenes acumuladas elevó la cifra total por encima de US$ 1,3 millones. Dentro de los datos rastreados, la Corte Suprema de Justicia aparece como el principal contratante, con US$ 504 mil repartidos en tres contratos.

El flujo de recursos públicos hacia ese diario coincidió con la difusión de contenidos falsos, engañosos, manipulados o fuera de contexto, así como piezas enfocadas en resaltar logros gubernamentales y cuestionar a voces críticas. Entre los casos citados figura una publicación de 2022 en la que el medio difundió un dato falso sobre la baja en la tasa de homicidios. También se menciona un contenido de 2023 que presentó de forma engañosa la cantidad de días con “cero homicidios” en el país.

En ese segundo caso, la cifra difundida omitía homicidios que no eran incluidos en el conteo utilizado por el diario, entre ellos muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos armados con la Policía y la Fuerza Armada, así como fallecimientos de privados de libertad bajo custodia del Estado. La presentación de esos datos fue señalada como engañosa porque transmitía una reducción absoluta que no incorporaba todos los casos mencionados.

Las observaciones no se limitaron a cifras de seguridad. También se cuestionaron publicaciones sobre hechos históricos. Entre ellas se menciona una afirmación difundida en 2022 según la cual el Ejército y el FMLN firmaron en 1992 una amnistía por crímenes de guerra. La referencia es presentada como un ejemplo de desinformación histórica vinculada con la línea editorial favorable al oficialismo que se atribuye a Diario El Salvador.

Un aparato sostenido por múltiples instituciones

La información disponible dibuja una red amplia de financiamiento público a la comunicación oficialista. No se trata de una sola oficina ni de contratos aislados, sino de una estructura que involucró a cerca de 200 entidades del Estado durante siete años. El dinero fue canalizado a agencias privadas, proveedores de mercadeo y medios utilizados para difundir mensajes institucionales, reforzar la presencia pública del oficialismo y administrar su narrativa en momentos clave.

El aumento progresivo del gasto muestra además que el aparato no se redujo con el paso del tiempo. Por el contrario, se expandió. Los US$ 2,6 millones de los primeros seis meses de gestión quedaron muy por debajo de los US$ 17,3 millones reportados en 2025 y de los US$ 19,7 millones acumulados entre enero y julio de 2026. Esos números permiten ver una política de comunicación con financiamiento creciente, sostenida incluso cuando la información directa de la Presidencia sobre su gasto permanecía reservada.

La combinación de reserva informativa, dispersión de contrataciones entre numerosas instituciones y adjudicaciones a empresas y medios cercanos al relato oficial complicó el seguimiento del dinero estatal. Aun con esas limitaciones, los procesos de compra disponibles permiten establecer que la publicidad y la consultoría mediática ocuparon un lugar central en la acción gubernamental, con un costo de al menos US$ 76,6 millones en el período revisado.

Ese monto incluyó contratos para proyectar la imagen del Estado, pagos a OBERMET por servicios de comunicación y transferencias de más de US$ 1,36 millones a Diario El Salvador. Los registros también muestran cómo parte de esa estructura comunicacional convivió con contenidos señalados como falsos o engañosos y con contrataciones a una empresa ligada a la familia Bukele, en un esquema que convirtió la publicidad oficial en uno de los pilares del proyecto político del oficialismo salvadoreño.