La Asamblea Nacional de Venezuela aplazó por segunda vez este martes el debate definitivo de la reforma de la ley del servicio eléctrico, una propuesta que busca abrir espacio a las inversiones privadas en un sector castigado por los apagones.
El diferimiento ocurrió a petición del diputado chavista Pedro Carreño, quien sostuvo que el Legislativo ya había avanzado de “manera fecunda” en la discusión de varios de los más de 20 artículos que deben modificarse. La discusión quedó para una próxima sesión.
Una reforma con alcance nacional
La ley pretende regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional y también los “intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización”, según la lectura hecha en el Parlamento durante una sesión ordinaria.
El instrumento también plantea “contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad”, además de “asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioeconómicas”.
Apagones, protestas y promesas de aprobación
Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado y han desencadenado protestas sociales en distintos sectores. La oposición y expertos atribuyen el problema a la corrupción y la falta de mantenimiento, mientras el Gobierno lo relaciona con las sanciones, el fenómeno climático de El Niño y supuestos sabotajes.
Hace una semana, Delcy Rodríguez dijo que “pronto” llegará el alivio a la crisis y criticó la quema de neumáticos en las protestas sociales. También prometió que antes de que termine el año la ley del servicio eléctrico quedará aprobada.
