La publicación en Gaceta Oficial de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que habilita el inicio del proceso para nombrar nuevos magistrados en esa instancia, marcó el arranque formal del segundo ciclo de conversaciones políticas en Caracas entre una delegación de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del oficialismo.
Aunque los encuentros formales comenzaron el jueves 17 de septiembre, la delegación opositora informó este viernes sobre la publicación de la reforma del artículo 65 de la ley, destacando que se trata de un paso fundamental para la transformación del sistema de justicia en el país.
La entrada en vigencia del marco legal también activa la designación de autoridades para la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. La representación opositora indicó que se prevé cerrar esta ronda de conversaciones la semana próxima con anuncios concretos sobre los acuerdos alcanzados.
Reclamos laborales y exigencia de elecciones
En paralelo a las negociaciones instaladas en el Hotel Meliá Caracas, un grupo de sindicalistas y representantes de organizaciones civiles protestó en las adyacencias para exigir la fijación de un cronograma electoral antes de que concluya el año.
La Coalición Sindical cuestionó que, a nueve meses de la captura de Nicolás Maduro, la ciudadanía aún carezca de fechas claras para comicios presidenciales y parlamentarios, señalando que las conversaciones oficiales deben centrarse en las prioridades de la población.
Detenciones y libertad de expresión
Durante la jornada, la delegación opositora denunció la detención del exalcalde del municipio Torres del estado Lara, Javier Oropeza, ocurrida en Carora a pocos días de su retorno del exilio. Tras gestiones de los delegados, el exmandatario local fue liberado después de más de cinco horas de arresto.
Asimismo, los sectores participantes celebraron el desbloqueo parcial de portales web de medios de comunicación nacionales e internacionales que se encontraban restringidos en el país, calificándolo como un requisito indispensable para la restitución de las garantías democráticas.
