Shandong Mingshuo Energy Trading facturó 469,55 millones de dólares por cinco cargamentos de crudo venezolano en 2024, pero los registros financieros analizados identifican 123,91 millones recibidos a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Fuentes conocedoras de las operaciones afirman que quedaron obligaciones impagadas.
Diferencias en barriles y cobros
Los cinco buques —HELIOS, TITAN GLORY, URANUS, DS VECTOR y HEBEI MOUNTAIN— transportaron crudo Merey 16 con destinos declarados en China y Singapur. El Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos registró 8.438.253 barriles, mientras las facturas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) contabilizaron 8.212.157: una diferencia de 226.096 barriles.
Entre la facturación total y los ingresos identificados por BANDES hay una brecha de 345,65 millones de dólares. En el caso del HELIOS, que llevó 1.880.626 barriles a Ningbo, China, el 13 de enero de 2024, PDVSA emitió una factura por 118,38 millones de dólares bajo el contrato 37020299. En los registros de BANDES aparece un ingreso de 50 millones; no se identifica allí un pago por los 68,38 millones restantes.
Facturas sin datos bancarios
Las facturas de Shandong correspondientes a 2024 y 2025 dejan vacíos los campos del banco receptor, el código SWIFT y el número de cuenta, y remiten a las modalidades de pago acordadas entre las partes. En facturas anteriores de empresas vinculadas a Jorge Giménez, como Panglobal Energy y Ripple Oil Trading, figuraba Evrofinance Mosnarbank, con sede en Moscú. Dos cargamentos del NEW DIAMOND y el ALISA II fueron facturados a Ripple por 94,4 y 91,1 millones de euros, respectivamente.
La investigación atribuye a fuentes conocedoras de las operaciones la afirmación de que Shandong no habría pagado las obligaciones pendientes. También sostiene que Giménez contó con protección política de Delcy Rodríguez tras el escándalo PDVSA-Cripto. Rodríguez asumió el Ministerio de Petróleo el 27 de agosto de 2024, cuando ya se habían realizado varias de las operaciones descritas.
El texto cita el artículo 20 de la Ley Antibloqueo, que establece la coordinación y aprobación de un informe técnico previo por la Vicepresidencia cuando el Ejecutivo decida dejar de aplicar normas por efecto de sanciones internacionales. No identifica un informe relacionado con estos cargamentos ni documenta una autorización de Rodríguez para aplicar descuentos.
