Una filial de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) presentó una acción legal ante la Cámara de Comercio Internacional contra Petrojam, en un nuevo capítulo de la disputa por una refinería en Jamaica cuya copropiedad pasó a manos del Estado jamaiquino tras una expropiación.

El reclamo se centra en la refinería que PDV Caribe ayudó a financiar

El foco del caso está en la decisión del Gobierno jamaiquino de nacionalizar forzosamente una refinería de la que la estatal venezolana era copropietaria. Según el texto, el conflicto se remonta a la iniciativa Petrocaribe impulsada en 2006, cuando PDV Caribe, filial de PDVSA, adquirió el 49% de las acciones de Petrojam, la única refinería de petróleo en Jamaica.

La Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ) conservó el 51% de la participación mayoritaria. El objetivo de esa transacción era aportar capital para modernizar, expandir y mejorar la capacidad de procesamiento de las instalaciones.

La expropiación de 2019 abrió la disputa internacional

Durante la década siguiente, las inversiones prometidas por la parte venezolana para mejorar la refinería no se materializaron. La situación se agravó con la imposición de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a PDVSA, que limitó la operatividad comercial, el suministro de crudo y las transacciones financieras de la empresa venezolana.

Con ese escenario, el parlamento de Jamaica aprobó en febrero de 2019 una legislación de adquisición obligatoria. Esa medida permitió expropiar el 49% de las acciones pertenecientes a PDVSA y dejó al Gobierno jamaiquino con el 100% del control de la refinería.

En su momento, las autoridades de Jamaica indicaron que los fondos correspondientes al valor de las acciones serían depositados en una cuenta de garantía bloqueada, bajo el argumento de que las restricciones financieras impuestas por Washington impedían cualquier transferencia directa a las cuentas del Estado venezolano.

Venezuela no desistió de sus derechos sobre el activo y exigió el pago del valor nominal de las acciones, además de compensaciones por dividendos vencidos y por el valor real de mercado de la instalación, cifras que el Ministerio de Petróleo venezolano estimó en torno a los 250 millones de dólares.

Al llevar el caso ante la Cámara de Comercio Internacional, la filial de PDVSA busca un laudo vinculante que permita destrabar la compensación financiera por la refinería.

PDVSA mantiene abierto el frente por sus activos fuera del país

El reclamo se suma a la red de litigios internacionales que el Estado venezolano sostiene para intentar proteger, recuperar o monetizar sus activos en el exterior.

En este caso, la controversia quedó anclada en una alianza energética que terminó derivando en expropiación, sanciones y una nueva disputa arbitral por la propiedad y el valor de la refinería.