El Congreso de Estados Unidos ha iniciado los preparativos para investigar el acuerdo suscrito entre la administración de Donald Trump y el empresario venezolano Alejandro Betancourt. El pacto, que involucra a la compañía North American Blue Energy Partners (Nabep), contempla la concesión de 17 campos petroleros en Venezuela por un periodo de 100 años, a cambio de una participación accionaria del 35% para el Estado estadounidense.
Cuestionamientos sobre el acuerdo
Legisladores de diversos comités, incluyendo el de Supervisión de la Cámara de Representantes y el de Servicios Armados del Senado, han manifestado su preocupación ante la falta de transparencia del contrato. Entre los puntos críticos figuran el historial de investigaciones por corrupción y lavado de dinero que enfrenta Betancourt en múltiples jurisdicciones, así como la legalidad del uso de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa para adquirir activos en una empresa privada.
Alcance de las investigaciones
El representante Robert García y los senadores Richard Blumenthal y Martin Heinrich han señalado su intención de auditar los términos del pacto, la supervisión de los ingresos y el uso de fondos públicos. Por su parte, la Casa Blanca, a través de su portavoz Taylor Rogers, defendió la medida como una estrategia para fortalecer la seguridad energética y reducir los costos de combustible, advirtiendo contra lo que calificó como investigaciones sin fundamento.
Nabep, por su parte, ha sostenido que la operación no ha requerido financiamiento público y que la estructura del acuerdo garantiza estándares de rendición de cuentas bajo supervisión estadounidense. Según informes del Departamento de Estado, la cuenta controlada por Estados Unidos para los ingresos petroleros registró desembolsos de 12.100 millones de dólares hacia Venezuela entre enero y septiembre de este año.





