La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) abrió una investigación federal sobre el manejo de los fondos provenientes del crudo venezolano, un mecanismo financiero administrado directamente por el Gobierno de Donald Trump. La revisión apunta a recursos que, según admisiones del propio mandatario, superan los 13.000 millones de dólares.

Jessica Baxter, portavoz del organismo, confirmó al diario español ABC que el peritaje técnico ya está en marcha, en medio de cuestionamientos del Congreso norteamericano por la falta de balances públicos, rendición de cuentas y auditorías oficiales.

Los legisladores reclaman trazabilidad de los fondos

La actuación de la GAO convierte en procedimiento formal una petición política impulsada por los congresistas Joaquín Castro y Sean Casten, junto con los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine.

Los legisladores exigen conocer la totalidad de los instrumentos bancarios utilizados, sus ubicaciones geográficas, las instituciones financieras involucradas, las firmas comercializadoras autorizadas y las comisiones descontadas en cada transacción.

Además, el examen revisará la actuación conjunta de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, así como de contratistas privados, para determinar si existen mecanismos efectivos contra el fraude, el lavado de dinero, la corrupción, el desperdicio de recursos y los conflictos de interés.

La opacidad sobre el monto neto y las auditorías pendientes

El monto acumulado también ha generado discrepancias. El Financial Times calculó que las exportaciones de hidrocarburos de Venezuela alcanzaron los 13.000 millones de dólares hasta julio de 2026, pero Donald Trump afirmó a bordo del Air Force One que la cifra real es superior y que su país ha ingresado “miles de millones”.

Esas afirmaciones chocan con la orden ejecutiva original de la Casa Blanca, que establece que los fondos de las ventas petroleras son propiedad soberana del Estado venezolano y que la Administración estadounidense actúa solo como custodio gubernamental.

Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha revelado los descuentos aplicados por flete, seguros, refinación, intermediación comercial y financiamiento, lo que impide determinar la suma neta real depositada en las cuentas oficiales.

Sin balances públicos sobre las transferencias

Fuentes del Departamento del Tesoro dijeron a ABC que los fondos han estado disponibles “sin demoras” para el Gobierno de Delcy Rodríguez, y aseguraron que hay supervisión constante para canalizarlos al pago de nóminas públicas, la inyección de liquidez bancaria, la compra de medicamentos y las labores de reconstrucción tras los recientes terremotos.

Sin embargo, el reporte también señala que el Tesoro no ha publicado las fechas de ejecución, las operaciones revisadas ni el volumen de solicitudes aprobadas o diferidas a la administración venezolana.

Michael Kozak había informado que la firma de consultoría KPMG realizaría auditorías externas y emitiría reportes trimestrales, pero la empresa no respondió a las consultas y ningún informe ha sido hecho público. Del mismo modo, el Departamento de Energía tampoco ha divulgado los contratos ni las revisiones coordinadas con la auditora.

La plataforma digital Soberanía Transparente, creada por el Gobierno de Rodríguez para seguir los fondos administrados en el exterior, solo registra una transferencia formal de 300 millones de dólares, sin publicar los montos totales recaudados, los saldos netos en custodia ni las reservas asignadas para las emergencias tras los sismos.